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Cada 9 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Adopción, una fecha para reflexionar sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y las problemáticas que enfrentan, sobre todo aquellos que viven sin cuidados familiares. En México, los retos en este ámbito son significativos y urgentes, ya que más de 39 millones de menores, aproximadamente un tercio de la población total, viven en un entorno de alta vulnerabilidad.
Aunque los procesos de adopción han aumentado en los últimos años, aún persisten desafíos importantes. Según Georgina Ibañez, directora general de la Fundación Unnido, más de 64 mil niños y adolescentes se encuentran institucionalizados, viviendo en Centros de Alojamiento de Asistencia Social. Estos menores, que aún esperan encontrar un hogar, enfrentan condiciones de aislamiento y privación de cuidados familiares, una situación que sigue siendo una grave problemática en el país.
A esta realidad se suma la situación de orfandad exacerbada por la pandemia de COVID-19. Según estimaciones, alrededor de 131 mil niñas, niños y adolescentes en México han perdido a uno o ambos padres debido al fallecimiento por el virus o por otros factores. Esta cifra, que sitúa a México entre los países con más infantes huérfanos, se agrava aún más cuando se toma en cuenta la violencia que azota al país. Entre 2019 y 2023, 5,741 menores fallecieron a causa de violencia familiar, y más de 8,000 menores han sido reportados como desaparecidos en los últimos años.
La adopción, como medida para devolverles un entorno familiar, amoroso y protector, es un proceso complejo. De acuerdo con el Sistema Nacional DIF, entre 2014 y 2022 se recibieron 542 solicitudes de adopción, de las cuales el 22% concluyó en una adopción formal. Si bien la cifra es prometedora, aún hay un largo camino por recorrer para mejorar las condiciones y asegurar que más niños tengan acceso a un hogar seguro.
El caso de Inés, una niña que pasó dos años esperando ser adoptada, ejemplifica cómo un enfoque centrado en los derechos del menor puede marcar la diferencia. Durante su proceso, la jueza encargada priorizó escucharla de manera privada, permitiéndole expresar sus pensamientos y emociones en un ambiente seguro, cumpliendo no solo con el protocolo legal, sino también con el derecho fundamental de ser escuchada, tal como lo estipulan los principios internacionales de los derechos de la niñez.
Este tipo de enfoques debe ser replicado en más procesos judiciales, pues, como señala Ibañez, el bienestar emocional y psicológico de los menores debe ser el eje de las decisiones en los procesos de adopción. La inclusión de los niños en los procesos judiciales, su escucha activa y la atención a su bienestar emocional son esenciales para garantizar que el proceso de adopción no sea simplemente una formalidad, sino una experiencia que garantice el crecimiento y desarrollo pleno de los menores.
(Con información de EFE)