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Decenas de funcionarias, directivas y encargadas de conducir las líneas de trabajo del Instituto Nacional de las Mujeres dejarán su cargo y, con ello, se dará una pérdida de saber hacer, de experiencia y del entorno que el organismo de género por excelencia creó durante los últimos años.
El problema es laboral y pasa por la decisión personal de cada funcionaria, pero el resultado es el mismo de muchos saltos entre un sexenio y otro: pérdida de continuidad y de conocimiento institucional.
Elevar Inmujeres a secretaría de Estado da relevancia al tema, pero cambia el estatus laboral de muchas funcionarias, quienes además deberían dejar atrás su antigüedad pues la contratación gubernamental en las secretarías debe hacerse bajo el apartado B de la ley laboral, lo que obliga a estas empleadas y funcionarias del Inmujeres a abandonar su régimen en el Seguro Social. La posibilidad de dar continuidad a su labor es difícil, pues el cambio en la institución les abre la puerta a la liquidación y a que se les pague el tiempo que cotizaron en el IMSS.
Las nuevas autoridades ya han platicado con el personal a efecto de establecer que quien quiera quedarse lo puede hacer, pero sólo con las garantías de que su nivel y tipo de puesto podrían mantenerse si la ley lo permite. En muchos caso, incluso, el nivel jerárquico formalmente se mantendrá, pero en realidad a costa de menos sueldo y prestaciones (además de perder la cotización IMSS).
El impacto principal se dará en la pérdida de continuidad de programas y proyectos y en la pérdida de conocimientos adquiridos que estas funcionarios representan.
La nueva Secretaría de la Mujer nacerá, así, como muchas instituciones mexicanas, un poco de cero, a aprender en lugar de continuar y profundizar.