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La desaparición de siete órganos autónomos que se perfila concretar esta semana en la Cámara de Diputados conllevará riesgos y un impacto negativo para la competitividad, transparencia y evaluación educativa y de la pobreza en México.
El instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió sobre los riesgos que implicarán para la competitividad del país el traslado de funciones de los organismos autónomos a dependencias del gobierno federal pues se requerirá mantener la autonomía de las decisiones que, por su naturaleza, deben ser técnicas e independientes de la agenda y los intereses del Poder Ejecutivo que encabeza Claudia Sheinbaum.
Alertó que la desaparición del INAI afectará la rendición de cuentas del gobierno y sus funcionarios, considerando la limitación al acceso a la información que existe.
Recordó que la transparencia es un elemento clave para lograr los compromisos del T-MEC en materia de anticorrupción, incluidos en el capítulo 27. Además, impactaría la participación de la sociedad civil, dada la limitación para realizar solicitudes y la falta de un órgano garante.
La eliminación del Coneval y Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) se perdería la capacidad de evaluación y análisis con rigor sin la autonomía necesaria para tener impacto en la toma de decisiones y, por ende, en la política social de combate a la pobreza y la educación del país
Lo que significa que el gobierno estará realizando esfuerzos presupuestarios sin la evidencia necesaria en materia de combate a la pobreza y educación en un país donde en 2022, 50.4 millones de mexicanos no contaron con acceso a servicios de salud.
El otro punto clave es la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) cuyas funciones serán asumidas por la Secretaría de Energía pero existe el riesgo que el Ejecutivo sea “juez y parte” en las decisiones sobre permisos y tarifas en los mercados de energía para beneficiar a los actores del Estado, en este caso a Pemex y CFE.
Además, el capítulo 22 del T-MEC incluye una disposición sobre la necesidad de garantizar que los organismos reguladores de empresas del Estado -en este caso Pemex y CFE- ejerzan sus obligaciones de regulación de manera imparcial. En este escenario, la desaparición de la autonomía implica un riesgo para esta imparcialidad que exige el Tratado.
Asimismo advierte que la desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) encargada del combate a los monopolios y garantizar la competencia en beneficio de los consumidores puede erosionar el clima de inversión y la certeza de las empresas sobre la existencia de órganos que emiten fallos basados en técnica y no en intereses particulares.
Además, la eliminación de los órganos puede resultar en el incumplimiento de las obligaciones comerciales de México, ya que el capítulo 18 del T-MEC que exige la existencia de un organismo regulador de telecomunicaciones que sea independiente e imparcial, y no rinda cuentas a ningún proveedor de servicios públicos en el sector.
Asimismo, el capítulo 21 determina la obligación de contar con una autoridad de competencia responsable de la aplicación de la ley y dar trato no menos favorable a personas de los países miembros.