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La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) ha expresado su preocupación ante la reciente aprobación de la reforma al artículo 19 de la Constitución, que amplía el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa. Esta reforma, aprobada el 13 de noviembre por la Cámara de Diputados con 335 votos a favor y 108 en contra, representa un retroceso en el respeto a los derechos humanos y el debido proceso en México.
El principal argumento radica en la ampliación de los delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa, una medida que consideran como un riesgo para el principio de presunción de inocencia. A pesar de la eliminación de algunos delitos, como el narcomenudeo y la defraudación fiscal, la inclusión de otros como la extorsión y las actividades relacionadas con el fentanilo genera preocupaciones sobre la justicia y el respeto a los derechos fundamentales.
La organización considera que la prisión preventiva oficiosa, al ser aplicada sin una sentencia previa, no solo pone en peligro las garantías constitucionales, sino que también podría generar incertidumbre y desconfianza en la ciudadanía. COPARMEX ha reiterado que esta figura debe ser empleada solo bajo criterios excepcionales, cuando sea necesario para evitar el riesgo de fuga o alteración de pruebas. Para la confederación, la reforma aprobada representa una expansión de un mecanismo que favorece la arbitrariedad, perjudicando a personas inocentes.
Además, subraya que la reforma se aprueba sin una revisión integral del sistema de justicia, que aún enfrenta deficiencias en la capacitación y recursos de las autoridades ministeriales y cuerpos policiales. La organización insiste en la necesidad de fortalecer las instituciones y aplicar la ley con un enfoque respetuoso de los derechos humanos.
El pronunciamiento también hace referencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en su sentencia sobre el caso Tzompaxtle Tecpile y otros contra México, señaló que la prisión preventiva oficiosa es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A partir de esta sentencia, COPARMEX insiste en la necesidad de eliminar esta figura jurídica para cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Finalmente, COPARMEX hace un llamado respetuoso al Senado de la República para que reconsidere la reforma aprobada en la Cámara de Diputados y garantice que la legislación mexicana respete los derechos humanos y los estándares internacionales.