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El juez Gregorio Salazar Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, ordenó la liberación de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo. La decisión revocó la prisión preventiva que enfrentaba el presunto narcotraficante, quien está acusado de delitos relacionados con el narcotráfico en Tamaulipas y cuya extradición a Estados Unidos aún está pendiente.
La resolución judicial se basó en la falta de pruebas contundentes por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). Según el juez, las autoridades no acreditaron las causas que motivaban la prisión preventiva ni presentaron elementos sobre los hechos que sustentan el proceso de extradición a Estados Unidos. Además, la defensa del capo demostró que cuenta con arraigo domiciliario y no representa un riesgo de fuga.
Condiciones para la liberación
El juez estableció condiciones estrictas para su liberación, entre ellas la presentación semanal del acusado ante las autoridades de Matamoros, el pago de una garantía económica de cinco millones de pesos y la prohibición de salir del país sin autorización judicial. También se le exigió entregar sus documentos de viaje, mantener distancia de la Embajada de Estados Unidos y portar un brazalete electrónico que permita su localización.
El director del Reclusorio Preventivo Oriente de la Ciudad de México tiene un plazo de 24 horas para cumplir la orden de liberación. En caso de incumplimiento, se le impondrá una multa de 21 mil 714 pesos, según lo determinado por el juez.
Un caso polémico
José Alfredo Cárdenas fue detenido en febrero de 2022 y vinculado a hechos violentos ocurridos en Reynosa, Tamaulipas, donde murieron 15 personas en 2021. Además, en marzo de ese mismo año, fue acusado formalmente en una corte federal de Texas por nueve cargos de narcotráfico.
La liberación de narcotraficantes en México, como este caso, ha generado cuestionamientos sobre el sistema judicial. En particular, el juez Gregorio Salazar Hernández ha sido señalado por decisiones similares en otros casos de alto perfil, lo que reaviva el debate sobre la efectividad y las garantías del sistema penal en el país.
Este fallo pone de nuevo en el centro de atención los retos que enfrentan las autoridades mexicanas en procesos como la extradición a Estados Unidos y el manejo de figuras clave dentro del crimen organizado.