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Con 22 votos a favor y 10 en contra, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado, aprobaron el dictamen que reforma la Constitución para ampliar el catálogo de delitos a fin de imponer prisión preventiva oficiosa (PPO) a quien incurra en extorsión.
A petición de la Fiscalía General de la República, se agregó sancionar con esa medida el tráfico de precursores químicos y sustancias químicas esenciales para producir drogas sintéticas, incluido el fentanilo.
Los delitos que se agregaron al catálogo de prisión preventiva oficiosa tras la reciente reforma al artículo 19 constitucional incluye extorsión, contrabando, operaciones con comprobantes fiscales falsos, incluyendo la expedición, compra, enajenación o adquisición de facturas que respalden operaciones inexistentes o simuladas.
Esto implica que las personas acusadas de estos delitos serán encarceladas de inmediato mientras esperan su juicio.
De esta minuta se excluyó los delitos de narcomenudeo y la defraudación fiscal, como planteaba la reforma enviada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
También aplicará la prisión preventiva oficiosa a quien cometa delitos de salud, contra el libre desarrollo de la personalidad, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales.
El senador de Morena, Saúl Monreal, salió en defensa de este dictamen y afirmó que lo que plantea es darle mayor seguridad a los mexicanos.
“La mal llamada oposición dice que esto es un exceso, o que incluso va a en contra de las libertades. Sin embargo, Morena considera que es prioritario brindar a la ciudadanía y a la población seguridad ante los verdaderos excesos de estos crímenes. (…) Por lo que no se puede pensar en una medida cautelar distinta, cuando los grupos criminales organizados tienen la posibilidad de hacer que sus socios se sustraigan de la justicia”, aseveró.
El senador del PAN, Ricardo Anaya, pidió que no se cometa un atropello a los derechos humanos, pues la prisión preventiva automática viola la presunción de inocencia y, por lo tanto, es violatoria de los derechos humanos.
“Una cosa es la prisión preventiva como medida cautelar cuando se justifica y, otra cosa muy distinta, es hacer un catálogo de delitos y que cualquier persona vinculada a proceso, sin sentencia solo por estar acusada, no sentenciada, acusada de uno de esos delitos, se vaya dos años a la cárcel”, alertó.
Claudia Anaya, senadora del PRI, afirmó que esta modificación al artículo 19 de la Constitución, es la peor, pues hay personas que duran hasta 17 años en prisión sin que se les dicte sentencia.
“Cada vez que se le mete mano al artículo 19 es para dejarlo peor. (…) Porque digo que esta es la peor, (…) a razón de que esta medida cautelar se ha utilizado a tal exceso que hay personas que han durado en la cárcel sin sentencia diecisiete años, y por esa razón es que la Corte Interamericana nos ha dicho que hemos sobreutilizado la figura, que no la estamos usando de manera excepcional”, alertó.
Luis Donaldo Colosio Riojas, senador de Movimiento Ciudadano, dijo que en la actualidad, el 44% de las personas en prisión preventiva, están en la modalidad oficiosa y “este dictamen no solamente exacerba el problema, ya que el sistema penitenciario opera ya a 105 por ciento de su capacidad”.
“La ampliación de este catálogo no es una solución a la crisis de inseguridad ni mucho menos a la impunidad, porque en lugar de fortalecer a nuestras fiscalías, en lugar de garantizar investigaciones eficientes, estamos recurriendo a medidas que perpetúan la discriminación y erosiona el Estado de derecho”.