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El legado del sexenio de Andrés Manuel López Obrador es una creciente inseguridad, rezagos en educación, salud, economía, pero sobre todo una concentración del poder, polarización política, debilitamiento y desaparición de las instituciones encargadas de garantizar la democracia y el Estado de derecho, que comprometen la capacidad del Estado y el bienestar de los mexicanos.
“Todo esto evidencian un gobierno que dejó en estancamiento el potencial democrático y competitivo del país”, sentenció el reporte “El Legado de López Obrador” que es una radiografía de lo que representaron para México los 6 años de gobierno de AMLO, elaborado por la organización Signos Vitales.
Dicho informe advierte que la transparencia fue uno de los puntos más afectados en ese gobierno de López Obrador, donde 8 de cada 10 contratos se realizaron por adjudicación directa, lo que provocó gran opacidad en esa materia.
Pero también se registró la desaparición de información con la pérdida de 1.9 millones de contratos por 4.7 billones de pesos de los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
La organización integrada por María Amparo Casar, Enrique Cárdenas, Julio Frenk, María Elena Morera, Federico Reyes Heroles, entre otros, hace énfasis en la reforma judicial que desdibuja la separación de poderes: provocó pérdida de la independencia judicial
El documento resalta que tras el sexenio de AMLO, México se ubica en el segundo lugar con más víctimas por violencia de género en América Latina.
Además, ocupa el tercer lugar en criminalidad y la primera posición en mercados criminales a nivel internacional.
“México es líder mundial de “mercados criminales”: Trata de personas, comercio de drogas, piratería, fraude financiero y extorsión. Su expansión fue facilitada por complicidad y corrupción de gobiernos y fuerzas armadas y policiales”, advierte.
Asimismo, el gobierno de López Obrador se caracterizó por la centralización del poder y debilitamiento de los órganos de todo tipo desde judiciales hasta electorales a quienes boicoteó con falta de nombramientos y recortes presupuestales hasta nombrar funcionarios afines para colonizarlos como pasó en su momento con el INE, el TEPJF y hasta la Corte.
“Se registró un boicot de vacantes: 130 designaciones pendientes”, asienta el informe.
Detalla que AMLO impulsó un boicot sistemático al Sistema Nacional Anticorrupción: Reducción de presupuesto 10% en términos reales y no designación de puestos (30% vacantes en 2024).
De igual manera, empoderó a las fuerzas militares a quienes les reasignó de manera discrecional hasta el 40% de sus recursos para actividades ajenas a la disciplina militar, sin una fiscalización adecuada.
Eso sin contar que la Sedena, Marina y Guardia Nacional acumularon 4 mil 800 quejas ante CNDH.
Pero la influencia de las fuerzas armadas se extendió más allá de los cuarteles y llegó a la economía civil, pues la Sedena y SEMAR controlan 20 de 64 puertos aéreos y administran 26 empresas estatales.
A finales de 2023, las FFAA contaban con un poco más de 81 mil millones de pesos en fideicomisos (en comparación con los 7 mil millones de pesos al final del gobierno de Peña Nieto en 2018).