Búsqueda
Al menos 5 miembros del Consejo de Administración de FAMSA fueron vinculados a proceso por presentar un presunto informe falso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV, informó la Fiscalía General de la República.
Según la Fiscalía, los implicados permitieron datos falsos en informes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) -contemplado en el artículo 113 fracción V Ley de Instituciones de Crédito, y no incluyeron el reporte regulatorio, consistente en una aportación de dicho banco por 4 mil 250 millones de pesos “al fideicomiso Promobien, ésta, una operación entre partes relacionadas.
Por ello, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la FGR lograron que un Tribunal Colegiado de Apelación, revocara una determinación dictada por un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Cadereyta, Nuevo León y en su lugar decretó la vinculación a proceso en contra de Jesús “N, Roberto ‘N’, Sergio ‘N’, José ‘N’ y Luis N’, miembros del Consejo de Administración de Banco Ahorro Famsa S.A.
“La conducta realizada por los consejeros de Banco Ahorro Famsa S.A., contraviene disposiciones legales que obligaban a dicha institución financiera a informar al ente regulador de todas sus actividades y operaciones, lo cual afectó gravemente los intereses de sus ahorradores", indicó la FGR
En octubre, se reveló que 181 inversionistas del extinto banco, había presentado una demanda contra la CNBV para exigir una indemnización por 840 millones de pesos.
En octubre de 2020, la empresa fue declarada en concurso mercantil, del que salió en febrero de 2022. Los directivos aseguraron una inyección de capital de mil 200 millones de pesos y la disminución de puntos de venta para remontar sus finanzas.
En 2021, Luis Gerardo “N” y Jesús Eduardo M, director general de grupo FAMSA y exdirector de banco ahorro FAMSA, respectivamente, libraron junto a 2 dueños de FAMSA la vinculación a proceso por un presunto fraude de 217 millones 445 mil 184 pesos a 10 inversionistas.
El 30 de julio de ese año se reportó que un juez de Nuevo León determinó que la Fiscalía del Estado no presentó los datos mínimos para suponer que dicho delito fue cometido, pues no se acreditó el dolo, engaño y lucro, requisitos mínimos para acreditar fraude.