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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha presentado los resultados de las Cuentas Económicas y Ecológicas de México (CEEM) correspondientes a 2023, revelando el impacto económico del deterioro ambiental en el país. Según el informe, el costo ambiental total por el agotamiento de recursos naturales y la degradación del medio ambiente ascendió a 1.3 billones de pesos, lo que representa el 4.2% del PIB de México.
Este costo ambiental incluye tanto las emisiones al aire, que son la principal fuente de impacto y representan el 2.5% del PIB, como la degradación del suelo (0.6%) y la gestión de residuos sólidos urbanos (0.4%). Además, factores como el agotamiento de hidrocarburos, recursos forestales y agua subterránea contribuyen con el 0.7% restante.
El informe también destaca que el Producto Interno Neto Ajustado Ambientalmente (PINE) alcanzó los 24.4 billones de pesos en 2023, lo que equivale al 76.7% del PIB a precios de mercado. Este indicador refleja el PIB ajustado por los costos asociados al deterioro ambiental y el consumo de capital fijo. Los sectores con mayor aportación al PINE incluyen el comercio, los servicios y las industrias manufactureras.
Desacoplamiento económico y ambiental
A pesar del elevado costo ambiental, el gasto público destinado a la protección del medio ambiente fue de 219,766 millones de pesos, lo que representa el 0.7% del PIB. Estas erogaciones se destinaron principalmente a la gestión de recursos hídricos (24%) y la protección del aire, el ambiente y el clima (23.9%). También se invirtió en la gestión de aguas residuales (13.1%), residuos sólidos (12.8%) y en investigación y desarrollo (5.7%).
Sin embargo, el panorama para el 2025 muestra una posible brecha entre las necesidades de protección ambiental y el presupuesto disponible. El gobierno de México ha asignado un presupuesto de 44,370 millones de pesos al medio ambiente para 2025, lo que representa una reducción del 39.4% respecto a los 73,232 millones de pesos aprobados para 2024. Este monto equivale a solo el 0.5% del gasto total del gobierno, que asciende a 9.22 billones de pesos, y apenas el 0.1% del Producto Interno Bruto (PIB).
El recorte más significativo se concentra en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que recibirá 37,119 millones de pesos, una disminución del 43.2% respecto al presupuesto de 2024. Estos ajustes afectan directamente a programas clave relacionados con infraestructura hídrica, lo que podría poner en riesgo el acceso al agua en diversas regiones del país.
A pesar de las preocupaciones expresadas por varios sectores sobre la insuficiencia de este presupuesto para enfrentar los crecientes desafíos ambientales y climáticos, el gobierno argumenta que estos ajustes son parte de un esfuerzo más amplio por consolidar las finanzas públicas y reducir el déficit fiscal. Sin embargo, esto podría generar un dilema, ya que, si bien se buscan mejoras en las finanzas públicas, la asignación de recursos a protección ambiental podría no ser suficiente para abordar de manera efectiva los impactos negativos del costo ambiental.
Retos para el futuro
El INEGI destaca que, aunque los costos ambientales siguen siendo significativos, existe una tendencia hacia el desacoplamiento económico y ambiental. Este fenómeno sugiere que México está logrando generar riqueza económica con un menor impacto en sus recursos naturales, lo que resulta esencial para el desarrollo sostenible del país.
Las Cuentas Económicas y Ecológicas de México (CEEM) permiten evaluar cómo las actividades económicas afectan el medio ambiente y proporcionan una herramienta crucial para la toma de decisiones orientadas hacia un equilibrio entre desarrollo económico y conservación ambiental. Según el INEGI, este enfoque es vital para medir el progreso hacia un modelo económico más sustentable en el futuro.