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Con escasos recursos presupuestales, y varios de ellos en zonas de alto índice de violencia e inseguridad, los Organismos Electorales Locales (OPL), es decir, los institutos electorales que se hacen cargo de las elecciones en cada una de las 32 entidades del país, enfrentan una situación complicada que puede impactar su trabajo de cara a las elecciones de jueces, magistrados y ministros que se realizarán el 1 de junio del 2025.
Históricamente los Oples han sufrido de falta de recursos para llevar a cabo la organización de las elecciones en los estados o la Ciudad de México, lo que ha puesto incluso en riesgo los comicios como sucedió este año de elecciones federales donde el organismo electoral de Guerrero no contó con presupuesto lo que puso en riesgo las elecciones del 2 de junio pasado, por lo que se vio obligado a solicitar presupuesto al Ejecutivo estatal a través de ampliaciones.
En 2024, el INE identificó 12 estados que tuvieron un riesgo por insuficiencia de recursos presupuestarios. Estos son Campeche, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Yucatán, Zacatecas.
El documento “los Organismos Públicos Electorales Locales y su rol en la democracia”, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) establece que en 2024, Campeche mostró el presupuesto por ciudadano más alto con $553 pesos, seguido de Baja California Sur con $402 pesos. Por otro lado, Guerrero evidenció uno de los más bajos con $147 pesos.
Si al INE con la elección de juzgadores en puerta para este 2025, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados le recortaron 13 mil 476 millones de pesos, la situación para los Oples se prevé aún más compleja, pues son los congresos locales de sus respectivos estados o la Ciudad de México, quienes asignan los recursos para estos órganos electorales locales lo que se prevé un fuerte recorte a sus respectivos presupuestos, loque impactará en la organización de elecciones para este 2025 como la de juzgadores, pero también en Veracruz y Durango donde se renovarán 39 y 212 municipios, respectivamente.
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero no contó con presupuesto aprobado para 2024, lo que puso en riesgo la organización de elecciones y requirió la solicitud de presupuesto al Ejecutivo estatal a través de ampliaciones.
En este contexto, uno de los desafíos que enfrentarán los Oples este 2025, donde habrá elección de jueces, magistrados y ministros es la falta de dinero para la contratación y capacitación de personal temporal para los procesos electorales, específicamente, la selección y contratación de Supervisores Electorales Locales (SEL) y Capacitadores Asistentes Electorales Locales (CAEL), dado que no existe oferta de trabajo suficiente para llenar las vacantes.
Además, los OPL tienen limitación de remuneración para el personal eventual establecida por el INE, lo cual afecta a algunos estados en los que los salarios no resultan competitivos por las condiciones del mercado laboral.
VIOLENCIA, DESAFIO EXTREMO
Pero también existen desafíos externos al INE y a los OPL que afectan su funcionamiento como lo es la inseguridad y la violencia política, que ha derivado en que muchos trabajadores de los Oples desistan de transitar por determinados municipios o regiones lo que puede impactar en el desarrollo y organización de la elección.
Aunque los OPL tienen entre sus funciones promover la participación ciudadana, existen condiciones estructurales como la crisis de los partidos políticos o las dificultades geográficas para acceder a las casillas electorales que dificultan o limitan la votación.
Durante el pasado proceso electoral en México 2023-2024-, fueron asesinados un total de 67 actores políticos en 18 entidades, incluyendo 36 aspirantes o candidatos y tres candidatos ganadores, según Causa en Común
Esta cifra fue superior a los 30 asesinatos registrados en la elección de 2021 y a los 24 cometidos durante el proceso electoral de 2018.
Los estados con mayor número de asesinatos fueron Guerrero (15), Chiapas (11) y Michoacán (7).
Especificó que de entre los aspirantes o candidatos, el 31% contendía por MORENA (más el 8% por el Partido Verde y el 6% por el PT); el 42% lo hacía por la coalición opositora (8 por el PRI, 6 por el PAN y uno por el PRD); el 8% corresponde a Movimiento Ciudadano, y el resto de los asesinatos corresponde a partidos locales.
El 92% de los aspirantes o candidatos asesinados pertenecían al ámbito municipal.