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En la conferencia matutina de este viernes, José Antonio Peña Merino, titular de la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, abordó la polémica generada por la reciente licitación de espectro radioeléctrico, anunciada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) antes de que se concretara su reconfiguración conforme a la reforma constitucional del 28 de febrero.
Peña Merino destacó que el espectro radioeléctrico, que es propiedad del Estado mexicano, se gestiona por medio de concesiones de espectro otorgadas por el IFT. En este contexto, explicó que, a pesar de la reconfiguración de las instituciones encargadas de regular las telecomunicaciones y la competencia, la licitación de más de 2,400 bloques de espectro debía ser detenida. Según el funcionario, este proceso, llevado a cabo cuando el IFT aún estaba en proceso de disolución y transición, no se apegaba a lo que en el ámbito legal se denomina "diligencia apropiada“. Además, criticó que la licitación no cumplía con los objetivos de cobertura social establecidos por la ley, que buscan ampliar la infraestructura en zonas de bajos recursos y áreas remotas.
En palabras de Peña Merino, la postura del gobierno es que dicha licitación debe ser detenida inmediatamente, argumentando que es esencial garantizar que el nuevo regulador de telecomunicaciones y de competencia asuma sus responsabilidades antes de proceder con cualquier asignación de espectro. “Lo que buscamos es que, en los siguientes días, los comisionados del IFT frenen esta licitación y que el proceso sea reiniciado bajo las nuevas normativas establecidas por la reforma constitucional”, expresó el funcionario.
Por su parte, Claudia Sheinbaum, también se refirió al tema asegurando que la licitación no procederá. Según la mandataria, el IFT intentó “dar un albazo” al realizar esta licitación en un momento en que el organismo aún estaba bajo una reorganización. Sheinbaum aseguró que el decreto de extinción del IFT, que se publicará en los próximos días, establece que sus funciones se dividirán en diferentes entidades, incluida la Agencia Digital y una nueva institución que tomará algunas de las atribuciones del IFT. Además, apuntó que la decisión sobre el espectro radioeléctrico corresponde al Estado mexicano, no a un pequeño grupo de personas dentro del IFT.
La controversia se centra en si la licitación del espectro debe proceder mientras se lleva a cabo la reconfiguración de las instituciones, o si, como afirman Peña Merino y Sheinbaum, debe ser detenida hasta que se establezca el nuevo marco regulatorio y los nuevos organismos encargados de regular las telecomunicaciones y la competencia.
Ambos funcionarios del gobierno mexicano han expresado que se tomarán las acciones jurídicas necesarias para garantizar que el proceso sea suspendido y, de ser necesario, se reinicie una vez que el nuevo regulador esté plenamente establecido.
Esta situación subraya el conflicto entre la administración actual y el IFT en torno al manejo y la distribución del espectro radioeléctrico, un recurso clave para el desarrollo de servicios de telecomunicaciones y la conectividad en el país.