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La relación entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Tesorería de la Federación (TesoFe) sigue en la disputa legal en torno a los recursos de los fideicomisos. Nacional Financiera (Nafin), encargada de administrar dichos fondos, ha notificado que no puede acatar la instrucción de transferir más de 10 mil millones de pesos a la Tesorería, debido a las suspensiones definitivas que actualmente bloquean el proceso.
En un comunicado reciente, la SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aclararon que, aunque la reforma judicial exige la devolución de los recursos, el impedimento legal es claro. Según lo informado por Nafin, las suspensiones otorgadas por jueces federales en el marco de un amparo en contra de la reforma impiden que el proceso avance. Estas suspensiones están relacionadas con la modificación del artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, publicada en el Diario Oficial de la Federación en octubre de 2023, que obliga la transferencia de los fondos.
El monto total de los recursos involucrados asciende a 10,260 millones de pesos, que están distribuidos en varios fideicomisos gestionados por la SCJN y el CJF. A pesar de la orden expresa de la presidenta de la Corte, Norma Piña, de transferir los fondos antes del 15 de diciembre de 2024, Nafin ha señalado que no puede cumplir con este mandato sin incurrir en violaciones legales. La preocupación principal de la entidad es que, de no respetar las suspensiones, podría enfrentar sanciones penales según la Ley de Amparo vigente.
Este bloqueo ha generado una creciente tensión entre las instituciones, con la SCJN y el CJF buscando una pronta resolución del conflicto. Sin embargo, la postura de Nafin parece firme: no puede actuar sin la anulación de las suspensiones judiciales.
Este conflicto se enmarca en el contexto de la reforma judicial promovida por el gobierno federal, cuyo objetivo es redefinir la distribución de los recursos del Poder Judicial. A pesar de la intención del gobierno y del Congreso de la Unión de centralizar estos fondos en la Tesorería de la Federación, las decisiones judiciales continúan suspendiendo el proceso, lo que deja en vilo el futuro de los recursos.
Esta situación también ha llamado la atención de los legisladores, quienes han sido informados de los obstáculos legales que enfrenta Nafin. Sin una resolución judicial que permita la transferencia de los fondos, el conflicto parece estar lejos de resolverse, manteniendo en incertidumbre el destino de los más de 10 mil millones de pesos involucrados.