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Da Poder Legislativo cabida a aspirantes para elección de jueces, magistrados y ministros a quienes se inscribieron dentro del Comité de Evaluación del PJF

Refutan supremacía constitucional contra freno al proceso judicial dentro del propio Poder Judicial federal

Diputados y senadores de Morena, del PT y PVEM refutaron que la supremacía constitucional establece que ningún juez ni ningún amparo pueden frenar el proceso electoral, por lo que procedimiento para elegir 881 cargos de jueces de Distrito, magistrados de Circuito y ministros de la Suprema Corte debe continuar.

Así se manifestaron en tribuna los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión luego de que el pasado martes el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación anunciara la suspensión de sus actividades para designar las candidaturas finales para estos comicios por decisión de un juez de Distrito en Michoacán que concedió un amparo.

Ante esta suspensión acatada por el Comité de Evaluación del PJF -uno de los tres que tienen a su cargo elegir las candidaturas-, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Comisión Permanente y del Senado de la República, dijo que con sustento en la Constitución Política, la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva de la Cámara alta buscarán una solución a fin de no dejar fuera a los aspirantes que se inscribieron en el Poder Judicial.

Previo a la sesión de la Comisión Permanente, el diputado Pedro Haces, operador político de Morena en San Lázaro, anunció que en el Congreso de la Unión se les abrirán las puertas a todos aquellos que están inscritos en el Poder Judicial de la Federación (PJF) para la elección de personas juzgadoras

“A todos aquellos que hasta este momento piensan que ya se quedaron fuera por la decisión tomada, o la mala decisión tomada por parte de quien dirige la Corte (ministra Norma Piña), pues no es así. Aquí caben”, dijo Haces Barba.

Manifestó que no es válido “cortar de un plumazo el proceso y la carrera de los aspirantes; por ello las bancadas de senadoras, senadores, diputadas y diputados de Morena les abren la puerta a todos los inscritos en el Poder Judicial”.

En tribuna, otro diputado morenista, Raymundo Vázquez Conchas recordó que la Ley de Amparo y la Constitución son claras: “En el artículo 107 constitucional se señala que no procederá el amparo contra adiciones o reformas a nuestro marco jurídico funcional. Además, no hay suspensión de actos derivados de procesos electorales”.

La diputada Mónica Fernández, también morenista, se lanzó contra la oposición.

“Los grupos neoliberales conscientes de que esta reforma pone fin a sus privilegios han recurrido a todos los medios, incluso ilegales, para desacreditar a este gran avance que hemos tenido. A través de campañas mediáticas, ‘fake news’ y el golpeteo político buscan confundir a la ciudadanía y frenar el progreso de nuestro país.

Hizo un llamado a todas y todos los mexicanos a no caer en las trampas de la desinformación, pues dijo que los intentos de estos grupos neoliberales por echar atrás esta reforma no son un ataque únicamente contra el gobierno, sino contra el pueblo mismo.

Los legisladores aliados de Morena también se pronunciaron contra la suspensión del proceso electoral judicial desde el Comité Evaluador.

Juan Luis Carrillo, del Verde Ecologista, citó que el artículo 96 constitucional es claro: “Los Comités de Evaluación deben integrar los listados de aspirantes y enviarlos para que éstos a su vez lo remita al Instituto Nacional Electoral, por lo cual resulta evidente que estos jueces desconocen la Constitución y las normas que de ellas derivan o deciden ignorarlas a su conveniencia y vulnerarlas flagrantemente”, dijo.

Señaló que esta conducta evidencia que el Poder Judicial necesita renovarse desde sus cimientos, pues es inaceptable que los jueces decidan no aplicar la Constitución.

El petista Juan Luis Montalvo comentó que la reforma al Poder Judicial no es un capricho legislativo, sino un esfuerzo por corregir años de privilegios y corrupción que han minado la confianza en este Poder y detener este proceso, bajo el argumento de incertidumbre constitucional, sólo beneficia a quienes desean tener un sistema que protege intereses particulares, por encima del bienestar colectivo.

NO ES CAPRICHO El diputado petista Juan Luis Montalvo señaló que la reforma al PJF no es un capricho legislativo, sino una necesidad.

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