Búsqueda
Con Rosario Piedra se agudiza el deterioro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se ha alineado a los intereses del oficialismo y la prisión preventiva oficiosa es uno de los mejores ejemplos, señalaron exintegrantes del Consejo Consultivo de la CNDH, hacia el silencio que ha tenido el organismo autónomo a las violaciones y el retroceso que representa encarcelar a presuntos criminales sin la necesidad de que se aporten previamente datos de prueba a la carpeta de investigación o sentencia.
A pesar de las múltiples advertencias que recibió la ampliación del catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, como la extorsión, el contrabando y la distribución de fentanilo, a causa de que dicha medida cautelar viola la presunción de inocencia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no ha emitido ningún pronunciamiento o la mínima advertencia para advertir las graves consecuencias a futuro, sin embargo, cambiaron de opinión, pues en el 2019, el organismo acusó que la prisión preventiva oficiosa transgrede diversos derechos humanos como la libertad personal, de tránsito, al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la presunción de inocencia y contraviene al derecho internacional de los derechos humanos; no obstante, una vez reelegida su titular (defendida por Morena), esa opinión se olvidó.
“La prisión preventiva debe ser el último recurso para contrarrestar los riesgos procesales a que alude la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que no se justifica ampliar el catálogo de delitos graves que la ameriten. El aumento de las hipótesis de la prisión preventiva oficiosa no es la solución a los problemas que México enfrenta en los ámbitos de seguridad y justicia, sobre todo por no revestir como lo exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos carácter excepcional, sino al contrario, debilita la apuesta de nuestro país por el Sistema de Justicia Penal Acusatorio sin que se haya permitido que el mismo se implemente, opere y consolide plenamente”, se dijo en ese momento el Coordinador General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos de la CNDH, Rubén Francisco Pérez Sánchez.
Luego de la aprobación en el Senado de la República, la Cámara de Diputados y fast - track en los Congresos locales, Adalberto Méndez López, ex integrante del Consejo Consultivo de la CNDH, quien renunció en 2023 junto con otros cinco miembros tras acusar un deficiente trabajo de Piedra, señaló a Crónica: “existen intereses cruzados, su reelección llega de manera sorpresiva y decepcionante, puede ser para cuidar las actuaciones del sexenio anterior en materia de militarización o de persecución del delito en el combate a la corrupción. Rosario solamente le aplaude al régimen, posee una profunda ignorancia y desconocimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y no es una persona proba en el desarrollo de sus funciones”.
“Ratifica (la ampliación de la prisión preventiva) la podredumbre de legisladores que tenemos en el país, el oficio parlamentario está casi extinto, los perfiles de los legisladores en la cámara alta y baja no son los más óptimos. Tenemos al peor Senado de la República y la peor Cámara de Diputados, no son eficientes y que tengan discusiones de alto nivel respecto a la construcción de políticas públicas y leyes eficaces para la población, se tendría que regular que el equipo que acompaña a los diputados y senadores sea gente eficiente con capacidades técnicas mínimas, son equipos de asesores que los acompañaron en política, campaña, compromisos políticos y amigos, que no tiene la capacidad técnica para asesorar el análisis de estas iniciativas, ese es el verdadero problema, no quienes llegan a legislar, si no quiénes están atrás de la asesoría de los legisladores”.
Méndez menciona que tanto Gobiernos morenistas como de oposición se han negado a exterminar dicha medida cautelar, el momento más álgido, cuando Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar, fueron acusados de asesinar en 2001 a María de los Ángeles Tamés, regidora de Atizapán y fueron enviados a la cárcel bajo la prisión preventiva oficiosa por 17 años y la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que sufrieron de tortura mientras estuvieron detenidos; sentencia que fue rechazada por el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López.
“El secretario manifestó que era un abuso y que México no asumiría esa posición de eliminar la prisión preventiva oficiosa. Las primeras veces en las que la Comisión se manifestó ante la necesidad de eliminar esta medida del ordenamiento jurídico mexicnao había sido previo a que se dictaran las sentencias hacia el Estado mexicano, después de la respuesta del Gobierno de López Obrador y la reelección de Rosario Piedra, se puede observar cómo se está alineando la CNH a los designios del oficialismo”.
No obstante, Adalberto señala que también Gobiernos panistas y priístas se han resistido a expulsar la prisión preventiva oficiosa, por lo que esa negación se debe a un pésimo Sistema Penitenciario y un país donde la justicia es “de papel”.
“El principio de presunción de inocencia en este país es de papel, no se puede compatibilizar el principio de presunción de inocencia con una medida restrictiva. En México tenemos una pésima reinserción social en en materia carcelaria, se caracteriza por la impunidad y por una persecución del delito deficiente, no hay un interés de ayudar a la persona de una reinserción social”.
También, Adalberto opina que la elección de jueces a través del voto popular no solucionará la problemática de la impartición de justicia, dado que un juez que desee actuar correctamente puede ser presionado para no resultar incómodo.
“Rosario está actuando en contra de los Derechos Humanos. No deja lugar a duda que la prisión preventiva oficiosa es contraria a los Derechos Humanos, la CNDH tendría que estar haciendo algo”.