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El Gobierno de Morelos, ahora encabezado por Margarita González, de Morena, ha presentado cuatro denuncias penales y dos administrativas contra la administración de Cuauhtémoc Blanco. Las acusaciones giran en torno al presunto desvío de 40 millones de pesos del presupuesto estatal, según reporta El País.
Sin embargo, fuentes consultadas señalan que esta cifra sería solo “la punta del iceberg” en un entramado de corrupción que habría marcado el mandato de Blanco.
Desde que asumió como diputado federal por Morena, Cuauhtémoc Blanco se ha mantenido en silencio sobre las acusaciones. Su fuero y el respaldo de su partido, que también lidera el actual gobierno estatal, dificultan que la justicia lo alcance.
Mientras tanto, expertos como Roberto Salinas, de la ONG Morelos Rinde Cuentas, exigen coherencia: “Morena debe ser fiel a sus principios, investigar y sancionar a los culpables”. Por otro lado, Gerardo Becerra, exasesor anticorrupción del propio Blanco, señala que no ve voluntad política para llevar al exgobernador ante los tribunales.
Desvío millonario
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó irregularidades en el gasto de 3,269 mdp durante el mandato de Blanco. Las principales áreas afectadas fueron salud, educación, infraestructura educativa y recursos del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo.
En 2019, el primer año de su gobierno, se registró un déficit de 2,200 millones, en el que miles de contratos y obras públicas quedaron sin justificación o, directamente, inconclusas.
Las auditorías también revelaron compras infladas y adjudicaciones directas a empresas sin experiencia. Destacan casos como la adquisición de medicamentos por 206 millones de pesos sin evidencia de entrega, y el desvío de fondos destinados a la reconstrucción educativa tras el sismo de 2017.
El Programa de Escuelas de Tiempo Completo también presentó irregularidades, con un faltante de 16 millones de pesos por servicios no comprobados.
Irregularidades en el fideicomiso
El manejo opaco del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo ha sido señalado reiteradamente por la ASF y expertos como Roberto Salinas, quien denuncia la negativa del gobierno a proporcionar información pública sobre sus actividades.
Los fondos gestionados por este fideicomiso, dedicados a la venta de terrenos y promoción turística, también son parte de las denuncias recientes.