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El debate sobre la posibilidad de designar a los cárteles del narcotráfico en México como grupos terroristas ha generado preocupación entre expertos legales y sociales, debido a las profundas implicaciones que esta medida podría tener para ambos lados de la frontera.
Gabriel Castañeda Gómez Mont, abogado especialista en derecho penal y miembro del consejo de Reinserta, advierte que esta propuesta, impulsada por políticos estadounidenses, podría comprometer la soberanía nacional y exacerbar problemas estructurales.
“Clasificar a los cárteles como terroristas no solo cambia la narrativa, sino que transforma radicalmente el enfoque legal para abordar el narcotráfico”, señaló el abogado.
“Esto abre la puerta a acciones unilaterales que podrían afectar la relación bilateral y la estabilidad interna de México”.
Contexto de tensión creciente
La propuesta, promovida con fuerza por el expresidente estadounidense Donald Trump y respaldada por senadores como Lindsey Graham y John Kennedy, se enmarca en un discurso de “mano dura” contra el crimen organizado.
A través de la “Ley NARCOS”, los políticos buscan aplicar leyes antiterroristas a los cárteles, lo que permitiría sancionar a cualquier persona o institución vinculada directa o indirectamente con ellos.
Para Castañeda Gómez Mont, esto podría derivar en una “criminalización masiva”. Desde pequeños agricultores hasta empresas financieras que, sin saberlo, manejen recursos ilícitos, podrían ser objeto de estas leyes.
“Lejos de solucionar el problema, se generarían más polarización y estigmatización social”, advirtió.
Repercusiones internacionales y sociales
El impacto de esta medida no se limitaría a los aspectos legales. Según el abogado, otros países podrían verse presionados a adoptar posturas similares, lo que afectaría la cooperación diplomática y legitimaría intervenciones unilaterales.
Además, subrayó que los cárteles, a diferencia de grupos terroristas tradicionales, no actúan bajo una ideología política o religiosa, sino con motivaciones puramente económicas.
“Aplicar estrategias antiterroristas a un problema estructural como el narcotráfico es, en el mejor de los casos, ineficaz y, en el peor, contraproducente”, sostuvo.
También advirtió que esta medida podría estigmatizar aún más a las regiones donde operan los cárteles, dificultando el desarrollo y el acceso a derechos básicos.
Alternativas integrales a la violencia
Desde Reinserta, Castañeda y su equipo han trabajado durante más de una década con niñas, niños y adolescentes afectados por la violencia, lo que les ha permitido observar de cerca las raíces de estos problemas.
“La violencia no se combate con más violencia. Necesitamos una estrategia integral que incluya educación, salud y justicia para las comunidades vulnerables”, afirmó.
Finalmente, el abogado señaló que la propuesta de designar a los cárteles como terroristas responde más a un cálculo político que a un enfoque realista.
“En un año electoral en Estados Unidos, este tipo de discursos refuerzan narrativas populistas que apelan a ciertos sectores del electorado. Sin embargo, el costo lo pagan las comunidades más vulnerables, tanto en México como en Estados Unidos”, concluyó.