BúsquedaCon 346 votos, es decir, mayoría calificada, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional para garantizar a través del Instituto del Fondo Nacional para Vivienda (Infonavit) el derecho a la vivienda digna y adecuada, y que pretende disminuir el déficit de acceso a este derecho de los jóvenes y de los trabajadores.
En un largo debate que “le dio derecho constitucional a la oposición a patalear contra lo que calificaron un atraco de 2.4 billones de recursos de las subcuentas.
Para exponer el dictamen a la minuta del Senado de Claudia Sheinbaum, el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, recordó que en el artículo 123 de la Constitución establecen tres grandes reformas: La posibilidad de que el Infonavit construyera. La oportunidad de que el Instituto Adquiriera suelo y, la puesta en marcha de un sistema de arrendamiento social.
“El PRI y el Partido Acción Nacional actuaron con mucha responsabilidad y sacamos por consenso estas reformas que enriquecen la vida del Instituto. Ahora queremos concretar el acuerdo y el mandato de nuestra Constitución. Por eso, amigas y amigos, se mantiene el carácter tripartita del Instituto, con 10 miembros en la Asamblea Nacional, 10 representantes del Ejecutivo, 10 de los trabajadores y 10 también de los patrones. La máxima autoridad que se deriva del Consejo de Administración tiene una composición similar de las 3 partes. Y el Comité de Vigilancia está integrado en las mismas condiciones de proporcionalidad 3,3 y 3. Es decir, hay un respeto absoluto al carácter tripartita del Instituto porque es lo que hay en este fondo, es el dinero de los trabajadores.
“Nunca, antes en la historia del Instituto había habido una regulación, una vigilancia y una fiscalización como la que ahora se propone la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y también la auditoría superior se harán cargo de cómo se están desarrollando las inversiones y de cómo se establece la regulación prudencial para garantizar la buena práctica en el otorgamiento de créditos y financiamientos.
Señaló que el instituto.tiene un patrimonio de 2.4 billones de pesos, 800 mil están en inversiones financieras. Un billón, más de 1 billón 200 mil representan las cuentas de los trabajadores, eso no tiene ninguna modificación, aseguró.
Ramírez Cuéllar dijo que el trabajador seguirá recibiendo su crédito y un volumen inmenso como ahora de más de 800 mil millones de pesos.
“También se va a desarrollar en inversiones, es decir, la garantía del crédito directo al trabajador se establece y se fiscaliza más, y la garantía del resguardo de las inversiones alcanza su máxima expresión en la vigilancia y en la fiscalización. ¿Qué se dice en este proyecto? 0.55 del total de los activos del Instituto va como antes había y como está en la ley actual, directamente a desarrollar. Los costos de operación y los gastos administrativos de la institución, es decir, es falso. Es mentira que el total del patrimonio vaya a manejarse por la Asamblea Nacional o que vaya a manejarse directamente por el Consejo de Administración o por su Presidencia. ¿Qué es lo que va a hacer la filial? La filial va adquirir suelo, va a hacer compras consolidadas de materiales y va a garantizar el flujo inmediato para que muchos trámites se resuelvan de manera pronta. ¿Qué queremos con esto? Resolver dos grandes carencias, donde está el déficit de la vivienda, en los jóvenes, en los jóvenes queremos darle la certeza del arrendamiento social. Pagando solamente el 30% de su salario y no como ahora, que son rentas totalmente indiscriminadas que socavan su patrimonio. Y en segundo lugar, garantizar que aquellas derechohabientes, porque este es un beneficio para los derechohabientes, aquellos derechohabientes que ganan de uno a cuatro salarios mínimos, tengan la posibilidad de adquirir la vivienda como el Estado, como sus gobernadores, están poniendo suelo, los presidentes municipales ponen suelo. Se compran de manera consolidada los materiales y la casa que vale 600 mil pesos, hoy existe la posibilidad de poderla adquirir en 400 mil pesos para que los de uno a cuatro salarios mínimos podamos tener la capacidad de poder resolver el patrimonio inmobiliario”, simplificó el morenista de los 37 artículos tal
Dijo que la máxima autoridad que se deriva del Consejo de Administración tiene una composición similar de las 3 partes. Y el Comité de Vigilancia está integrado en las mismas condiciones de proporcionalidad 3,3 y 3.
“Hay un respeto absoluto al carácter tripartita del Instituto porque es lo que hay en este fondo, es el dinero de los trabajadores”.
Lo sobresaliente de la reforma:
los recursos del Instituto o bajo su administración se destinarán a la construcción de vivienda, por conducto de una empresa filial, para fomentar la oferta destinada al arrendamiento social o adquisición en favor de las personas trabajadoras derechohabientes, así como el desarrollo económico local y la generación de empleos.
Sin perjuicio de las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información previstas en la ley de la materia, la Dirección General del Instituto proveerá lo necesario para que se ponga a disposición del público en general, en forma periódica y a través de su página de Internet, información clara, sencilla, precisa, confiable y actualizada que permita conocer la situación financiera, administrativa, operacional, económica y jurídica, así como los riesgos, relacionados con el fondo que contiene los recursos y de su empresa filial, sus proyectos de construcción, proveedores contratados por aquella, entre otros asuntos que estime conveniente.
Se señala que con el fin de que el Instituto destine los recursos que integran su patrimonio o que están bajo su administración a la consecución de sus objetivos, estarán sujetos a lo siguiente: la Asamblea General del Instituto deberá establecer las políticas de organización de la contabilidad y auditoría interna, conforme a las normas de información financiera vigentes y aplicables, observando su origen constitucional, regulación como organismo de servicio social, objeto, fines y, en general, el régimen interno previsto en la Ley.
También, indica, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, auxiliada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, fijará las normas de carácter prudencial y sanas prácticas a que se sujetarán las operaciones en materia crediticia que realice el Instituto, atendiendo a la Ley y a la naturaleza social de sus fines. Además, supervisará y vigilará que las operaciones en materia crediticia se ajusten a las normas establecidas y a las sanas prácticas.
Ante incumplimiento por parte del Instituto se deberán establecer programas de autocorrección sujetos a un plazo de ejecución determinado y, en su caso, dará vista a la Contraloría General del Instituto del incumplimiento al programa de autocorrección, para que aplique las sanciones previstas en el Reglamento Interior de Trabajo. La Contraloría informará al Comité de Auditoría, a la Comisión de Vigilancia y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores del procedimiento iniciado y de sus resultados, indica.
Se estípula que la fiscalización del Instituto estará a cargo de la Auditoría Superior de la Federación y será competente para revisar la actividad del Instituto como organismo fiscal autónomo, la debida integración y administración de su patrimonio, el ejercicio del presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia, así como del presupuesto de inversión en materia de construcción y administración inmobiliaria.
Los recursos que se destinen a los presupuestos de gastos de administración, operación y vigilancia e inversiones serán considerados recursos públicos para los efectos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación cuando no sean reintegrados a las subcuentas de vivienda de las personas trabajadoras derechohabientes.
En el desarrollo de sus auditorías y en la formulación de sus observaciones y recomendaciones, agrega, la Auditoría Superior de la Federación deberá tener en cuenta el marco legal especial del Instituto, así como los resultados de las revisiones que en el ejercicio de sus funciones realicen los órganos de auditoría y vigilancia en términos de esta Ley.