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En un operativo coordinado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), se clausuraron 11 aserraderos ilegales y se desmantelaron 2 más en 13 zonas forestales críticas del país. Además, se aseguraron casi 3 mil metros cúbicos de madera y cuatro maquinarias de aserrío.
Las acciones de inspección y vigilancia se llevaron a cabo los días 30 y 31 de enero, con la participación de 528 elementos de diversas instituciones ambientales y de seguridad, incluyendo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Sedena.
Operativos en zonas de alto riesgo
Las inspecciones se realizaron en diversos puntos estratégicos, entre ellos:
- Bosque de Agua (Morelos y Estado de México)
- Zona aguacatera en Michoacán (Acuitzio, Madero y Morelia)
- Sierra Tarahumara en Chihuahua
- San Cristóbal de las Casas en Chiapas
- Zona de influencia del PN Pico de Orizaba en Veracruz
- Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo
- Gómez Farías en Jalisco, entre otras.
Las principales irregularidades detectadas en los Centros de Almacenamiento y Transformación de productos forestales (CAT) incluyen: falta de permisos de operación, almacenamiento de madera sin acreditación legal, incumplimiento de medidas de seguridad previas, alteración de documentos y volúmenes de almacenamiento superiores a los autorizados.
Impacto de la tala ilegal
La procuradora Mariana Boy Tamborrell destacó que estos operativos buscan detener la extracción ilegal de recursos forestales y revertir el deterioro de los bosques. Además, subrayó que la tala ilegal no solo afecta los ecosistemas, sino que también representa una competencia desleal para las comunidades que realizan aprovechamiento forestal sustentable.
Profepa aseguró que continuará con este tipo de operativos y con otras medidas para la conservación de los bosques y la protección de las comunidades que dependen de ellos.