La batalla judicial emprendida por el gobierno de México desde hace cuatro años contra las armerías causantes de miles de muertos en México, al venderles armas a los cárteles del narcotráfico, dio este jueves un paso más, al anunciarse la fecha para la audiencia sobre el litigio en la Corte Suprema de Estados Unidos, agendada para el próximo 4 de marzo.
En seguimiento a las indicaciones del canciller Juan Ramón de la Fuente, el consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Pablo Arrocha, se encuentra en Washington D.C. para supervisar la preparación de la audiencia en la máxima corte de EU, como parte de la demanda presentada por el gobierno de México ante una corte federal de Massachusetts.
Arrocha sostuvo una reunión de trabajo con el presidente de Global Action Against Gun Violence, Jonathan Lowy, y el abogado Steve Shadowen, representantes legales de México en las dos demandas contra fabricantes y vendedores de armas en Estados Unidos.
La inmunidad de las armerías, clave del litigio
El máximo tribunal estadounidense analizará si las empresas demandadas gozan de inmunidad, aun cuando sus prácticas facilitan el tráfico ilícito de armas hacia nuestro territorio.
Igualmente, el equipo discutió la estrategia a seguir en el litigio en Arizona, que ha avanzado favorablemente para México a una nueva etapa para recabar evidencia.
Como parte de la estrategia integral para el combate al tráfico ilícito de armas, México presentó una primera demanda en Boston, Massachusetts, contra ocho empresas fabricantes y distribuidoras de armas en 2021. Un año después, se presentó una segunda demanda en Tucson, Arizona, contra cinco tiendas en ese estado fronterizo.
Recientemente la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, publicó que estima que anualmente se trafican ilegalmente hacia México alrededor de 200,000 armas provenientes de ese país. Esto es propiciado por las prácticas comerciales negligentes de fabricantes y vendedores, quienes comercian sus productos aun cuando tienen conocimiento de que terminarán en manos del crimen organizado.
El Gobierno de México seguirá fortaleciendo su estrategia integral en el combate al tráfico ilícito de armas, explorando todas las vías legales a su alcance en los planos nacional, regional y global, para reducir los flujos de estos productos que generan violencia en nuestro país.