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Luego de la reaparición del general Salvador Cienfuegos, quien fuera titular de la Secretaría de la Defensa Nacional en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, aseveró que no hay pruebas de las acusaciones que Estados Unidos le imputó en el año 2020.
En este mismo contexto, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo: “no hay pruebas en su contra (del general Cienfuegos Zepeda), esa es la verdad, nosotros no mentimos”, al tiempo que el fiscal Gertz Manero estableció “hubo todo un catálogo de falsedades en su contra… Nunca impugnaron, quiere decir que la lógica jurídica es clarísima, no tenían pruebas”.
En la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, en este mismo contexto, el fiscal general estableció que “es falso que el gobierno de Estados Unidos haya desistido de acusar al general Cienfuegos, por pedimento del gobierno de México, y puntualizó que fue un juez de Estados Unidos quien se desistió de la acción penal, lo cual permitió que pudiera regresar a México”.
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Aclaró que el expresidente López Obrador, “tomó una decisión que ha sido única en la historia bilateral de México en los Estados Unidos le ordenó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que hiciera público todo el expediente”, para que se tuviera conocimiento del caso, y que cualquier persona que tuviera cualquier duda, pudiera tener conocimiento de todo lo ocurrido.
Asimismo, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), presentó al Departamento de Justicia de Estados Unidos el no ejercicio de la acción penal en su contra para que el general Cienfuegos tuviera la oportunidad de defenderse de las acusaciones, “sin embargo, cuatro años después de lo ocurrido, no han dicho nada al respecto”.
“A nosotros nos tocó iniciar todo el procedimiento con la acusación que se había dado en Estados Unidos sobre el general Cienfuegos, que lo identificaba como una persona totalmente distinta por su altura, por sus características, por los lugares donde dicen que estuvo. Era todo un catálogo de falsedades”, aseveró.
“Hicimos toda una investigación que estuvo sujeta a una gran presión pública y finalmente el 15 de enero de 2021, en dos comunicados de la fiscalía hicimos una explicación muy clara”.
Por ser las acusaciones tan falsas y no contar con prueba alguna, se determinó el no ejercicio de la acción penal, que es una obligación procesal que existe en nuestras leyes, para que las personas que se sientan de alguna manera ofendidos o crean que se ha generado algún tipo de actos que sean ilegales tengan el derecho a poder recurrir ir ante los jueces y demostrar que lo que estaba determinando la fiscalía no era lo correcto.
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