BúsquedaEl Partido Verde Ecologista de México(PVEM), a través del senador Waldo Fernández propuso a la Cámara Alta la creación de la Ley General de Fe Pública que busca garantizar que cualquier ciudadano pueda acceder a los servicios de Fe Pública sin importar su ubicación o condición socioeconómica.
Fernández consideró que la nueva legislación permitirá asegurar la validez nacional de los actos jurídicos y establecer los principios homogéneos para la función notarial y la de la correduría pública.
Al presentar el dictamen destaco la importancia de la figura de Fe Pública pues explicó que de ella depende la validez y autenticidad de innumerables actos y contratos que protegen el patrimonio, los derechos, las relaciones jurídicas de la ciudadanía brindando seguridad jurídica en sus actos y garantizando la protección de su patrimonio.
“Sin ella, los acuerdos privados quedarían en la incertidumbre y el acceso a la justicia sería desigual”, advirtió.
Esta reforma —explicó— permitirá la creación de una Ley General de Fe Pública, que garantizará que cualquier ciudadano pueda acceder a estos servicios sin importar su ubicación o condición socioeconómica.
Por ello, el pevemista propuso reformar los artículos 73 y 121 de la Constitución para establecer los principios rectores de un sistema de Fe Pública homogéneo, transparente y accesible para todos.
“Además, se busca implementar un sistema justo en el que el acceso a estas funciones se realice mediante exámenes públicos y transparentes, garantizando solvencia moral, ética, profesionalismo y calidad. También se establecerán reglas claras que prioricen la seguridad jurídica y promuevan la equidad dentro del sistema, así como mecanismos para reducir la posibilidad de prácticas opacas y fomentar una mayor transparencia”, señaló
El legislador regiomontano consideró fundamental reconocer la función social de las personas investidas con Fe Pública pues su labor no solo otorga validez legal a documentos y actos jurídicos, sino que también representa un compromiso con la confianza pública y el bien común.
“Estos fedatarios deben ser profesionales altamente capacitados y sujetos a un sistema de supervisión riguroso, que garantice su imparcialidad y eficiencia”, recalcó