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Entre acusaciones de “transas” y de ser el mega robo del siglo” a los trabajadores, el pleno del Senado aprobó con la aplanadora de Morena y sus aliados, la reforma a la ley del Infonavit que faculta al Instituto a utilizar los recursos a su cargo para la adquisición de suelo y construcción de viviendas de carácter social mediante la creación de una empresa filial, que según la oposición no podrá ser auditada ni cuenta con reglas claras de transparencia.
La reforma pasó con 71 votos en favor, 36 en contra y dos abstenciones, una de la emecista, Amalia García y del morenista, Ricardo Sheiffield.
La oposición votó en contra de esta reforma al acusar que con ello, el gobierno federal a través del Infonavit podrán disponer de los recursos de la subcuenta de vivienda de los trabajadores que ascienden a 2.4 billones de pesos que serán canalizados a una empresa gubernamental sin mecanismos claros de transparencia, rendición de cuentas o fiscalización.
El decreto se turnó al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya advirtió que esa reforma es una bomba de tiempo porque está destinada al fracaso y con ello generar una crisis al sistema financiero del país por los recursos que manejará y que corren el riesgo de esfumarse.
“Es una bomba de tiempo, una vez que esa empresa filial fracase y quiebre, ahí es donde se van a esfumar sus ahorros y por la magnitud de la cantidad de dinero, estamos hablando de más de 2 billones de pesos, pueden inclusive provocar una crisis financiera”, alertó.
Al posicionar por el PAN, la senadora Karen Michel González Márquez, acusó que gobierno federal perpetrarán un “saqueo descomunal” al apoderarse del ahorro de las y los trabajadores, con el pretexto de una buena intención.
“Lo que Morena y sus aliados quieren hacer, es un saqueo descomunal, un atraco mayor que el de Segalmex. Estamos ante el robo del siglo. (…) Lo que realmente están haciendo es expropiar, sin llamarlo expropiación, (…) Le están dando a un señalado de corrupción las llaves de una caja fuerte con 2.4 billones de pesos. ¿Qué podría salir mal, no?”, afirmó.
El PRI a través de la senadora, Mely Romero, reiteró que el gobierno pretende hacerse del control total del Infonavit y de los 2.4 billones de pesos de ahorros que les pertenecen a los trabajadores.
“Son dinero presente y futuro de trabajadores, trabajadoras, no es solamente lo que está en el Fondo de Vivienda en este momento, el trabajo de vida, las aportaciones der toda su vida laboral están en riesgo, porque con la reforma, lo dice claramente el artículo 42, podrán tomar ese dinero y disponer de él”, advirtió.
La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, cuestionó que la empresa filial no tendrá mecanismos de control público, ni de rendición de cuentas, “no tiene la transparencia a la que se obliga a un ente de gobierno”, y preocupa el manejo discrecional que pueda tener el manejo de los recursos de los trabajadores.
“Es que se va a hacer lo mismo, pero ya no con la inversión de los empresarios, porque esto se hizo con inversión de empresarios. Ahora, la propuesta es que se haga lo mismo, pero con la inversión del dinero de los trabajadores, esa es la gran diferencia, Sí le va mal a estas empresas, como ya vimos que les fue mal, pues ya no las contrataron, ya no les terminaron de comprar sus desarrollos porque hicieron un fracaso. Pero, ¿qué va a pasar cuando esto se haga con dinero de los trabajadores?, pues ya perdieron los trabajadores, a nadie le van a rendir cuentas”, señaló.
El oficialismo a través de la morenista Blanca Judith Díaz, subió a tribuna a defender la reforma y aseveró que se les va a resarcir a los trabajadores y las trabajadoras del país, el daño que creó el neoliberalismo”.
“No nos queremos robar nada, queremos evidenciar lo que sucedió durante otros gobiernos, que nadie vio. Recibieron recursos para la compra de los terrenos, compraron, tuvieron licencias de construcción, permisos, infraestructura y no construyeron nada”, justificó.
En medio del debate, se dio una esgrima verbal entre los senadores de Morena, Alejandro Murat y del PAN, Marko Cortés, quien recordó al expriísta que fue señalado de corrupción durante su gestión como director del Infonavit, a lo que el legislador oaxaqueño se deslindó y acusó al priísta David Penchyna de deshonesto cuando encabezó al Instituto.
“Yo del senador Murat no he hablado mal. Saben ¿quién ha hablado mal del senador Murat?, los morenistas, el gobierno, todos ustedes que no lo defienden, lo dejan que defienda solo, porque les da penita”, afirmó Cortés.
“Para que no que haya este tipo de señalamientos mentirosos, (…) y hoy aquí en esta reforma se están generando más capas de control para que en efecto no se repitan actos indebidos, como se dio aquella vez en la administración del director David Penchyna, que vale la pena que se investigue”, reviró de inmediato Murat
En tanto el expresidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, consideró una ocurrencia crear una empresa filial del Infonavit para construir vivienda y acusó que esta reforma al Infonavit no tiene los mecanismos que garanticen “el correcto y transparente uso de los recursos de los trabajadores”.
Recordó que esos recursos son de los trabajadores, e insistió que mientras no haya transparencia “no se puede dar un aval”.
Con esta reforma se preserva el mandato de que los recursos de las subcuentas de vivienda son de los trabajadores pero crea una empresa filial, encargada de la construcción habitacional, que no será una entidad paraestatal.
Justo aquí es donde la oposición advirtió que no estará sujeta al control de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al manejar recursos públicos.
Otro punto relevante es que se mantiene la Asamblea General como autoridad suprema y se devuelve el carácter tripartita a la Comisión de Vigilancia y a los Comités de Auditoría y Transparencia, pues en la reforma original se daba mayoría al gobierno federal en esos órganos por encima del sector empresarial y laboral.
Asimismo se regula la figura del arrendamiento social, sin que el pago exceda el 30 por ciento del salario del trabajador, con opción a compra
También se prohíbe la actualización del saldo, el pago por concepto de amortización o accesorios de los créditos otorgados y se dan facultades a la Secretaría de Hacienda, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Auditoría Superior de la Federación para vigilancia y fiscalización de los recursos.