BúsquedaJóvenes enfrentan tres opciones: dedicarse al trabajo del campo, migrar a Estados Unidos, o incorporarse al crimen organizado; la escuela pierde su función social — El derecho a la educación está en riesgo en las entidades del país afectadas por la narcoviolencia presente en diversas entidades y la ausencia de protocolos y estrategias específicas, que sitúa a la educación en una crisis sin precedentes.
Los acontecimientos recientes en Chiapas, Sinaloa y Guerrero, muestran la vulneración del derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, quienes se ven obligados a abandonar la escuela y a desplazarse, junto con sus familias y comunidades, a otros lugares.
Maestros, estudiantes y Padres de Familia se enfrentan a un panorama con autoridades locales, estatales y federales que no garantizan su seguridad, y obligan a las propias comunidades a asumir la protección de los docentes.
De acuerdo a un estudio del Observatorio del Derecho a la Educación y Justicia (ODEJ), del Sistema Universitario Jesuita, sin un protocolo claro de acción, Maestros y Alumnos continúan expuestos a la inseguridad, el desplazamiento forzado y la deserción escolar.
Ante esto, las becas educativas quedan rezagadas delante del miedo y psicosis social que significa asistir a la escuela en zonas donde los grupos violentos imponen el desorden y destruyen escuelas públicas.
En este contexto, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue presentada la investigación doctoral de Alberto Colin Huizar que expone sin flitros la realidad que significa ser maestro en los márgenes en contextos de violencia y crimen organizado.
El documento exponbe la vida escolar en las escuelas y las vicisitudes de los Maestros para el cuidado de sus estudiantes y de su propia persona.
El ODEJ señaló que la comunidad educativa y la sociedad civil exigen medidas urgentes para proteger a los docentes y garantizar que los niños y jóvenes de estas comunidades no sean condenados a un futuro sin oportunidades.
Sugirió que si la educación es realmente una prioridad en el gobierno y la agenda nacional, son necesarias acciones de gobierno para evitar que la violencia arrebate el derecho a aprender y enseñar.
Desplazamiento Forzado y Cierre de Escuelas
María Mercedes Ruiz Muñoz y María Fernanda Álvarez Gil, académicas del Departamento de Educación de la Universidad IBEROamericana e integrantes del ODEJ, presentaron el informe sobre la política educativa en el contexto de la narcoviolencia.
Explicaron que el desplazamiento forzado de Maestros genera el cierre de escuelas, dejando a miles de niños y jóvenes sin acceso a la educación; en estas comunidades, la escuela ha dejado de cumplir su función social y educativa.
Señalaron que la situación se ha extendido por diversos estados del país, “la escolarización ha desaparecido del imaginario de muchos jóvenes, quienes enfrentan tres opciones: dedicarse al trabajo del campo, migrar a Estados Unidos, o incorporarse al crimen organizado.
Garantizar Educación, función del Estado
Las especialistas indicaron que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación y reforzar la protección de los espacios escolares.
Expresaron que es fundamental que las autoridades educativas implementen protocolos de emergencia que resguarden a Maestros y estudiantes, pars evitar que el miedo y la violencia desmantelen la estructura educativa.
Plantearon la necesidad de fortalecer el tejido social en las comunidades y desarrollar alternativas educativas híbridas; además, la sociedad civil debe participar activamente en la defensa de la educación y promover nuevas formas de enseñanza y aprendizaje.
Violencia, Efectos en Educación
Alberto Colin Huiza afirmó que Chiapas, Sinaloa y Guerrero han sido particularmente afectados, donde 3 de cada 10 Maestros han padecido la violencia de los grupos que operan sin control.
“En Sinaloa, por ejemplo, las instituciones educativas han sido obligadas a cerrar de un momento a otro; en respuesta, algunas universidades han implementado modelos de educación a distancia, buscando alternativas para continuar con la formación de los estudiantes. Sin embargo, estas soluciones no han sido suficientes para contrarrestar el impacto del desplazamiento forzado y la deserción escolar”, indicó.
Relatos de Maestros en Zonas de Violencia
El estudio de Colín Huizar recopila testimonios de dMaestros que fueron víctimas de la violencia.
Uno de ellos, de origen indígena, relató cómo fue secuestrado por un grupo criminal apenas un mes después de haber sido asignado a una escuela rural.
Los delincuentes lo interrogaron y estuvieron a punto de ejecutarlo, pero finalmente lo liberaron tras la intervención de un colega quien confirmó que efectivamente es un Maestro.
A consecuencia de esto, solicitó su reubicación y hoy cursa una licenciatura en pedagogía para continuar en la docencia.
Otro caso es el de un profesor de telesecundaria, miembro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Regresaba a su comunidad cuando fue interceptado en un retén ilegal, donde casi fue asesinado por ser confundido con otra persona.
Los criminales lo obligaron a abandonar el pueblo en un plazo de 48 horas para permenecer con vida; a pesar de haber solicitado su reubicación, aún no recibe una respuesta formal por parte de las autoridades educativas.
Impacto en Salud Mental y Tejido Social
María Mercedes Ruiz Muñoz y María Fernanda Álvarez Gil señalaron que el desplazamiento forzado afecta la estabilidad laboral de los Maestros, y también su salud mental.
“Los testimonios de estos profesores reflejan el trauma psicológico que experimentan tras haber estado al borde de la muerte; la falta de atención psicológica agrava la crisis educativa, dejando a los Maestros en un estado de vulnerabilidad extrema”, indicaron.
Además, la presencia del crimen organizado en las comunidades escolares ha cambiado la perspectiva de los jóvenes.
“Muchos de ellos abandonan la educación para unirse a grupos criminales, viendo en ellos una alternativa económica viable ante la precariedad en la que viven”, lamentaron.
Escuelas Tomadas por el Crimen Organizado
Uno de los testimonios más impactantes recopilados por Colín Huizar es el de un Maestro cuya escuela fue tomada por un grupo criminal.
Durante dos meses, los delincuentes utilizaron el plantel como centro de operaciones, dejando un rastro de destrucción; tras su retirada, la comunidad intentó reconstruir la escuela, pero el impacto de la ocupación delictiva nunca pudo ser revertido por completo.
Acciones Urgentes para Proteger Educación
La crisis educativa en zonas de narcoviolencia exige la implementación inmediata de protocolos de emergencia.
Las académicas de la IBERO subrayaron la urgencia de que el gobierno establezca mecanismos de protección para garantizar la seguridad de estudiantes y Maestros.
Calificaron de crucial que las instituciones educativas trabajen en conjunto con la sociedad civil para desarrollar estrategias que permitan la continuidad de la educación en estos contextos.
La creación de modelos educativos flexibles, la protección de los Maestros y la inversión en tecnologías para la enseñanza a distancia son algunas de las medidas que podrían mitigar el impacto de la violencia en la educación, culminaron.
Por narcoviolencia, Crisis Educativa en Chiapas, Sinaloa y Guerrero