BúsquedaLa segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó las facultades de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para aplicar una multa de 88 millones de pesos a Aeroméxico por manipulación de precios en boletos de avión, lo que habría afectado a más de 3 millones de pasajeros.
Con ello se puso fin a más de 5 años de litigio en donde Aeroméxico promovió varios recursos e impugnaciones en contra de una multa de 88 millones de pesos que la Cofece le impuso en 2019 por haberse coludido para manipular los precios de sus boletos de avión en diversas rutas, afectando a más de 3 millones de pasajeros.
De acuerdo a la Cofece, gran parte de la evidencia que sustentó el caso en contra de Aeroméxico se obtuvo a través de la realización de visitas de verificación sorpresa, una de las principales herramientas de investigación con las que cuenta este organismo.
Estas visitas de verificación –agregó--permiten llegar a las oficinas de las empresas infractoras y recolectar evidencia física y electrónica clave para la investigación que, de otra manera, puede ser destruida.
Aeroméxico dijo no coincidir con los criterios ni metodología de la COFECE para llegar a dichas conclusiones sobre supuestas prácticas de mercado de hace casi dos décadas.
Sin embargo, refrendó su respeto por el estado de derecho y acatará las resoluciones de las autoridades judiciales.
Asimismo reiteró su compromiso con clientes, inversionistas y aliados estratégicos, reafirmando su respeto absoluto al libre mercado, la libre concurrencia y la legislación en materia de competencia económica.
La Cofece realizó una visita de verificación sorpresa y encontró correos electrónicos entre directivos de las aerolíneas en los que, haciendo uso de apodos, códigos y direcciones de correo falsas para ocultar el acuerdo ilegal, conspiraron para manipular el precio de los boletos de avión.
Aeroméxico impugnó la sanción de la Cofece, bajo el argumento de que este tipo de correos constituyen “comunicaciones privadas” y, por lo tanto, no pueden ser obtenidos ni utilizados como evidencia por ese organismo.¿
No obstante, la Segunda Sala de la SCJN validó la constitucionalidad de las actuaciones de Cofece y confirmó que esa clase de información no se encuentra amparada por la protección a comunicaciones privadas y puede ser utilizada por el estado para investigar y sancionar conductas monopólicas que afectan a los consumidores mexicanos.