
Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia, quien forma parte de la familia 4T, menciona que el 80 por ciento de los juicios de amparo son desechados al llegar al máximo tribunal del país sólo por argumentos procesales, dando detalle en su visita a la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Autónoma Metropolitana (UNAM).
“Como personas servidoras públicas, los jueces y las juezas estamos obligados a actuar con transparencia, honradez, racionalidad y decencia”, menciona la ministra en su mensaje sobre la negación de los quejosos la protección de la justicia federal sin analizar el fondo de cada caso.
En la trayectoria de visitas a distintas universidades a lo largo del país, la ministra Lenia Batres mantiene su postura sobre cómo el sistema judicial mexicano cae en una deficiencia sistemática y demuestra cómo no se obtienen las misma oportunidades de defenderse. A este problema refieren distintos factores que demuestran la injustificación del desecho de los casos; simples tecnicismos, errores en el formato del documento o cualquier razón sin fundamentos son suficientes para que el amparo no proceda.
Durante su discurso menciona “los jueces y las juezas se abstraen de la realidad en la que viven las partes y dejan pasar elementos importantes como lo son el contexto y la sociedad y que sobre todo se debe sancionar a una persona que tiene condiciones excepcionales para desarrollarse a otra que no las tuvo”.
A lo largo de su discurso menciona la importancia de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y como se ha dispuesto a los jueces y las juezas para entender más sobre los contextos sociales sobre los cuales se desarrollan cada individuo y entender más las controversias que llegan a su jurisdicción.
Básicamente, se propone una vigilancia a los jueces y dar un análisis más profundo antes de descartar un expediente. Esto puede generar una disconformidad a sus opositores sobre la independencia judicial; sin embargo, también genera una oportunidad para combatir la impunidad del país.