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Lenia Batres solicitó a Yasmín Esquivel retirar su proyecto en el que zanjaba una contradicción de criterios, pues de resolverse a favor, dijo la primera, implicaría daño al erario por 250 mil mdp

Ministras cercanas a la 4T entran en disputa por reelaboración de proyecto para dirimir “retorno virtual” de IVA

La solicitud de retiro del proyecto de resolución a una contradicción criterios suscitado por el “retorno virtual del Impuesto al Valor Agregado (IVA) metió en una disputa a las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel, cercanas a la 4T y aspirantes a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Al iniciar la sesión pública de este jueves, Batres Guadarrama expuso al pleno de la Corte -que preside la ministra Norma Piña- que presentó dos oficios en los que solicitó que se retirara del debate el proyecto de Yasmín Esquivel para que lo reelaborara, pues su posible votación a favor de la mayoría del pleno ocasionaría “un daño potencial al erario de hasta 250 mil millones de pesos”.

El proyecto que se sometería a debate de los diez ministros del máximo tribunal del país era la resolución a una contradicción de tesis 8/2025 que definirá el criterio obligatorio para resolver los juicios pendientes y futuros sobre el tema del retorno virtual del Impuesto al Valor Agregado (IVA), un esquema que permite a las maquiladoras la importación temporal de mercancías para la elaboración de productos, sin gravamen alguno, con la condición de que no sean comercializados en el mercado nacional.

Sin embargo, algunas empresas violan estas reglas vendiendo sus mercancías en México y buscan obtener la devolución indebida del IVA, con el pretexto de que se trata de importaciones temporales.

Lenia Batres pidió que en la reelaboración del proyecto se incluya un estudio de fondo con las repercusiones económicas que ocasionaría a las finanzas del Estado mexicano.

“La resolución del asunto que usted ha enlistado para la sesión de hoy debe tomarse con el estudio minucioso que atienda a su naturaleza y complejidad de manera responsable para no afectar el interés público, facilitando en su caso una evasión fiscal a gran escala”, pidió Batres.

La solicitud de retiro provocó la intervención de varios ministros, que manifestaron la conveniencia de que el proyecto se vuelva a presentar, pero para analizar aspectos técnicos.

Incluso Javier Laynez y Lenia Batres tuvieron una breve discusión en el que también se dejó escuchar un tenue “¡ssshhh!”

Luego de escuchar a Alberto Pérez Dayán, a Javier Laynez Potisek y a Loretta Ortiz Ahlf -que se pronunció en contra de retirar el proyecto, pues, dijo, ella está preparada para abordar este tema en sus aspectos técnicos, porque para eso fue designada ministra-, Yasmín Esquivel anunció aval para aplazar este debate.

“Yo no tengo inconveniente en aplazar, para analizar esos puntos técnicos del proyecto, pero no por las razones que dice la ministra Lenia Batres, porque, para mí, considero que la única forma de saber si es dispensable llevar a cabo una análisis de impacto económico del proyecto, es precisamente sometiéndolo a debate, donde que es mi obligación atender las opiniones de las ministras y ministros, y no sólo la de una sola posición. Yo podría aceptar inclusive retirar el proyecto, incorporar cifras y datos, como lo pide la ministra Batres, siempre y cuando la mayoría de ustedes así lo disponga previa discusión del caso; pero, hoy lo retiraría por estas razones que he mencionado del ministro Laynez, del ministro Pérez Dayán y del ministro Juan Luis González Alcántara.

Ante la afirmación de que se trataba de un tema “técnico” en el que no tenía por qué valorarse el daño al erario, Lenia Batres citó el artículo 39 constitucional, que señala que “Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”, lo cual obliga al Poder Judicial a tomar decisiones que no perjudiquen al pueblo mexicano, como sucedería en este caso.

También subrayó que el PJF no es un despacho privado, sino uno de los tres poderes de la Unión y sus fallos no pueden ignorar el impacto en los recursos públicos, que se sirven para cumplir obligaciones del Estado mexicano, como servicios públicos y prestaciones sociales.

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