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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló que jueces mexicanos tenían acuerdos para liberar a algunos de los 29 criminales enviados a Estados Unidos, además de que las sentencias dictadas en su contra llevaban más de una década de atraso; es por eso que de manera inmediata, se accedió a la petición del país americano de que sean encarcelados y juzgados en esa nación.
De acuerdo con García Harfuch, una de las próximas liberaciones que iba a ser autorizada por un juez era la de José Ángel “N”, alias “El Güerito”, el operador financiero y segundo en importancia del cártel de Sinaloa “Los Chapitos”, detenido el pasado 19 de febrero.
“Considerando las actividades a las que se han dedicado dichas personas vinculadas con delitos de alto impacto, representan amenaza a la seguridad de nuestro país y de Estados Unidos, el Gabinete de Seguridad, en estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República, procedió a realizar el traslado de estos objetivos”, detalló.
“Once años retrasando la justicia de tantas víctimas en México, que asesinaron, mataron, les cobraron extorsión y en el otro caso 40 años y así todos; esto es un acto de justicia y de autoridad del Gobierno de México y del Gabinete de Seguridad“.
En tanto, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, negó que con el traslado de los 29 narcotraficantes se hayan violado suspensiones o amparos concedidos por autoridades judiciales, dado que la solicitud de Estados Unidos es ajena a esos recursos.
Además, exhibió que las trabas de los jueces para otorgar sentencias y conceder amparos ha extendido por décadas que se aplique el procedimiento penal a Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z40”, Omar Treviño Morales, el “Z42”, hermanos líderes de “Los Zetas”, Antonio Oseguera Cervantes, hermano del ‘El Mencho’, dirigente del Cártel Jalisco Nueva Generación, así como 25 narcotraficantes más de alto perfil del “Cártel del Golfo”, “La Familia Michoacana” y “Beltrán - Leyva”, que se encontraban recluidos en distintos penales de México.
“Once años, ocho años de que no hemos podido salir adelante en un procedimiento que tenía un plazo de 45 días, som pruebas más que suficientes”.
Asimismo, el Fiscal aseguró que el único motivo para acceder a la petición de Estados Unidos de transferir a los narcotraficantes fue cumplimentar y responder al Artículo Quinto de la Ley de Seguridad Nacionala y el 89 de la Constitución General de la República.
“No había más que una razón por la que nosotros cumplimos lo que dice la Convención de Palermo, hubo una solicitud fundada del Gobierno de Estados Unidos”, argumentó; emanda que, según el Fiscal, se ejecutó a pocas horas de que la justicia americana la envió.
También negó que se haya tratado de una extradición, si no de una medida de seguridad nacional que el Gobierno de Estados Unidos justificó en razón de las conductas criminales que los capos realizaron en ese país, que coinciden con los datos de prueba que el sistema penal mexicano tiene en su contra.
En protección a los derechos de los capos al permanecer recluidos en otra nación, Gertz Manero garantizó que cualquier mexicano tiene derecho a la asistencia consular en materia procesal penal.