De acuerdo con los legisladores, 7 de cada 10 armas confiscadas al crimen organizado en México provienen de fábricas estadounidenses.
Leticia Bonifaz, miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación para la Mujer, recalcó que “la violencia que estas armas generan impacta en las vidas de mujeres, niños y jóvenes mexicanos”, una situación injusta para un país como México, donde no se fabrican ni se venden legalmente armas de fuego.
Además, durante el foro, académicos como Manuel Francisco Ortega, señalaron que las afectaciones a la seguridad derivadas del tráfico de armas hacia nuestro país acarrean costes económicos que, al menos en 2023, ascendieron a 4.9 billones de pesos.
“No es justo que México quede como acusado, hay que ponerle un alto a esta espiral” sentenció finalmente Leticia Bonifaz frente a los estudiantes, catedráticos y miembros de organizaciones civiles y sociales que se dieron cita en el foro, así como entre el presidente de la Comisión de Economía Social de la Cámara de Diputados, Jesús Valdés, y el diputado Sebastián Ebrad, integrante de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad.