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Pablo Arrocha, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), mostró este martes su satisfacción por la defensa que hizo el equipo jurídico que defiende los intereses mexicanos contra los fabricantes de armas estadounidenses, a los que demandó en 2021 por permitir el tráfico de armas al crímen organizado, a sabiendas del sufrimiento que va a causar en la población y las fuerzas del orden que lo combate.
Al término de la audiencia en Washington de un día, en la que los jueces también escucharon los argumentos de la contra parte, Arrocha hizo público el posicionamiento de la SRE:
“A nombre del secretario de Relaciones Exteriores, José Ramón de la Fuente, hoy ha sido un día histórico en el que México pudo presentar ante la Suprema Corte de Estados Unidos un tema fundamental para la seguridad y el bienestar de nuestros dos países: la necesidad de poner fin al tráfico ilícito de armas. México interpuso esta demanda en 2021 contra los fabricantes de armas precisamente para detener la violencia que se deriva de este flujo ilícito, que a su vez da a las organizaciones criminales el poder de fuego para seguir operando lo cual también resulta perjudicial a la población de Estados Unidos.
“Sólo hay un vendedor de armas en México”
Según explicó, “México cuenta con leyes estrictas en la materia. Sólo hay un vendedor de armas en todo el país; sin embargo las organizaciones delictivas adquieren armamento con el que han derribado helicópteros militares mexicanos o bien armas semiautomáticas de gran calibre como los AR-15, que no pueden ser adquiridos legalmente por civiles en México.
“Todas estas armas se utilizan para herir y matar a decenas de miles de mexicanos. ¿Y por qué ocurre esto? Ocurre gracias al flujo de armas que se trafican ilegalmente todos los días desde Estados Unidos”.
“Río de hierro a México”
Arrocha comparó este flujo incesante de armas de norte a sur con “un río de hierro que bombea hasta medio millón de armas o más cada año a México. Los fabricantes de armas estadounidenses, así como los distribuidores y los vendedores alimentan este río con pleno conocimiento de causa”.
“Cuando empresas privadas vierten productos químicos o tóxicos a través de la frontera los países vecinos toman medidas para detenerlo. Del mismo modo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha comprometido a detener el caudal el tráfico ilegal de armas de este río, y si lo logramos, el pueblo de Estados Unidos al igual que el de México se beneficiará de ello”.
Según aseguró, “para frenar a los carteles es imperante cortar el suministro de sus armas de fuego. El gobierno de México respeta plenamente las políticas de EU y quiero ser muy claro: esta demanda de México no tiene nada que ver con la Segunda Enmienda constitucional ni con los derechos de los estadounidenses que son respetuosos de la ley, para adquirir y poseer armas de fuego.
“Este caso no se trata de eso; lo que nos preocupa y nos ocupa es el tráfico ilícito de armas hacia nuestro país, donde su posesión sí es ilegal, como consecuencia de la negligencia de los fabricantes de armas que son muy conscientes de su desvío”.
El asesor jurídico de la SRE dijo que esperan conocer la decisión de la Suprema Corte de EU en junio, pero añadió que, pase lo que pase, “seguiremos haciendo todo lo posible para proteger al pueblo de México de la violencia y del sufrimiento causado por el tráfico de armas hacia nuestro país”.
Por su parte, el comunicado de la SRE agregó que el litigio —presentados ante la Corte por la abogada Cate Stetson, quien estuvo acompañada de los abogados Jonathan Lowy y Steve Shadowen— ha obtenido amplio apoyo de diversos sectores de la población en ambos países. Legisladores, autoridades estadounidenses, académicos, activistas y organizaciones civiles presentaron a la Suprema Corte de Estados Unidos nueve escritos de “amigo de la corte” que respaldan la postura de México.