BúsquedaEl Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó como tope de gastos personales de campaña hasta 220 mil 326.20 pesos para las y los candidatosa un cargo de elección popular dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF) que se disputarán el próximo 1 de junio.
El acuerdo aprobado por la “herradura de la democracia” establece que cada candidato podrá erogar únicamente de su bolsillo -sin posibilidad de apoyos ni financiamiento- poco más de 3,672 pesos diarios durante dos meses (60 días) que dura la campaña, la cual arranca el próximo 30 de marzo.
“Este es un monto insuficiente para el adecuado desarrollo del proceso electoral. Considero que dejamos de lado la confianza y la atribución que el legislador nos confirió para definir, entre otras cosas, las reglas para la fiscalización y los topes de gasto por lo siguiente. Primero. La Sala Superior del Tribunal Electoral ha señalado que establecer topes de gastos de campaña tiene fundamentalmente tres fines: preservar la equidad en las contiendas electorales, fortalecer la licitud en el origen de los recursos que soportan una campaña y la autonomía de quienes son elegidos y elegidas por el voto de la ciudadanía. Establecer un tope tan restrictivo nos puede llevar de facto a colocar a las candidaturas en un umbral de ocultamiento innecesario y que les puede llevar a la ilicitud. Como autoridad electoral perdemos de vista cuál es la naturaleza y finalidad de las campañas, que es hacer proselitismo para obtener el voto de la ciudadanía”, expuso Humphrey Jordan.
La consejera electoral puso una alerta al considerar que limitar el gasto de promoción de la candidatura a poquito más de 220 mil pesos da pie a atentar contra la equidad en la contienda, coloca a los sujetos obligados en una situación en la que resulta más factible trasgredir la norma que ajustarse a ese tope de gastos.
Finalmente, la consejera dijo que con la aprobación de este acuerdo se afecta al electorado que quedará constreñido a elegir entre las mismas figuras públicas que ya son conocidas a través de los medios de comunicación, que son ‘influencers jurídicos’, expuso.
Uuc kib Espadas también coincidió en que se genera un procesos desigual por la diferencia de percepciones que, sin duda, existen entre las diversas candidaturas, por lo que también propuso tope de gastos diferenciados.
Sin embargo, la mayoría de consejeros se decantó por atender lo que dicta la ley, tanto en el artículo 552 , como 54 de la Legipe y el 96 de la Constitución que prohíbe el financiamiento público.