Este 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Amnistía Internacional ha renovado su llamado al Estado mexicano para que ponga en el centro de su agenda las políticas contra la violencia de género, un tema que sigue siendo el mayor obstáculo para lograr una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. En su participación en la marcha 8M, la organización se sumó a las demandas de las colectivas feministas y destacó la necesidad de que las autoridades respeten el derecho de las mujeres a manifestarse, con especial atención al respeto de los derechos humanos.

El enfoque de Amnistía Internacional se basa en la urgencia de adoptar políticas públicas que combatan la violencia de género, prevenir los feminicidios y transformar las estructuras que alimentan estereotipos sexistas profundamente arraigados en la sociedad mexicana. Para la organización, es necesario un enfoque a largo plazo que implique una transformación profunda en los sistemas de justicia, educación y seguridad.

Feminicidios: cifras alarmantes

Los datos oficiales revelan que la violencia de género persiste de manera alarmante en el país. En 2021, se registraron 1,019 feminicidios, 853 en 2022 y 839 en 2024, lo que resalta la necesidad urgente de que el Estado mexicano implemente cambios significativos para prevenirlos. Esta situación resalta la importancia de tomar acciones concretas, tanto en la creación de políticas públicas como en la mejora de la investigación y sanción de estos crímenes.

El informe de Amnistía Internacional también pone de manifiesto el fracaso de las fiscalías para investigar adecuadamente los feminicidios. En su informe de 2023, Muertes Intolerables, la organización documentó múltiples fallas en la investigación de feminicidios en Ciudad Juárez y Chihuahua, como pérdida de pruebas y falta de una perspectiva de género. Estos errores se han repetido en casos en todo el país, lo que ha dejado a las víctimas y a sus familias en una situación de indefensión, sin acceso a la justicia o a una reparación integral del daño.

Además, en el informe Juicio a la Justicia de 2021, Amnistía Internacional evidenció que las deficiencias en el trabajo de las procuradurías han creado un ambiente de impunidad, impidiendo que los casos sean procesados correctamente y que las víctimas reciban una reparación adecuada. La organización subraya que, a pesar de las leyes existentes, muchas familias siguen esperando justicia, como los casos emblemáticos de Karla Pontigo y Alondra González, que aún no han sido resueltos.

Llamado a diálogo

Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, enfatizó que las colectivas feministas tienen un conocimiento valioso del terreno, por lo que es crucial abrir un diálogo con ellas para abordar temas como el aborto seguro, la prevención de la violencia de género y el derecho a la protesta. Este enfoque permitiría crear una agenda precisa y coordinada para resolver los problemas de justicia y reparación que afectan a las mujeres en México.

Amnistía Internacional también destacó la importancia de Claudia Sheinbaum como presidenta, ya que su sensibilidad al tema de género es clave para impulsar un cambio real en las políticas públicas que beneficien a las mujeres y niñas en el país. Sin embargo, la organización advirtió que aún hay una enorme deuda con las mujeres mexicanas, y que las acciones inmediatas son necesarias para garantizar una vida digna, libre de violencias y con el pleno respeto a sus derechos humanos.

El Estado mexicano debe priorizar la lucha contra la violencia de género y no dejar más espacio para la impunidad ni para las fallas estructurales que perpetúan la discriminación y violencia contra las mujeres.