Con el fin de cumplir con reformas a la Constitución mexicana sobre transparencia y protección de datos personales, diputados prevén tener listas, antes del 21 de marzo, las nuevas leyes que regulen el control de estos temas bajo la administración de la Secretaría Anticorrupción, que encabeza Raquel Buenrostro, y de quien aseguraron que garantizará el buen ejercicio de estas reformas.
La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que preside el petista Ricardo Mejía Berdeja, informó que buscará analizar y dictaminar el próximo miércoles las iniciativas que armonizan la reforma constitucional por la que se extinguió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y otros organismos.
“Vamos a tener reunión con la Juta Directiva de la Comisión para acordar el orden del día de la sesión extraordinaria donde vamos a discutir todo el Pleno de la Comisión para estar en actitud de cumplir con el transitorio que habla que la legislación debe estar publicada a más tardar el 21 de marzo. Vamos a proponer que la sesión sea el próximo miércoles porque los plazos están muy cerca”, señaló.
Mejía Berdeja comentó que hace unos días sostuvieron una reunión con la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez y hay una visión clara de crear un ente desconcentrado que será Transparencia para el pueblo, el cual albergará toda la plataforma de transparencia del Estado mexicano.
El petista enfatizó que con Raquel Buenrostro, exjefa del SAT, los derechos a la información y transparencia, así como a la protección de datos personales estarán salvaguardados.
Las leyes que se deben expedir son la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Ricardo Mejía indicó que las posiciones a favor y en contra están claras, por lo que la Comisión trabajará para sacar, analizar y votar este dictamen sin dilaciones.
El diputado señaló que todas las instituciones están obligadas a guardar la secrecía de los datos personales de los ciudadanos y la Constitución política estipula esta obligación, bajo los términos de la ley y cuidando el interés público.
“La contraparte de la transparencia es la protección de los datos porque, si bien el gobierno está obligado a dar la máxima publicidad, por otro lado, la restricción es no dar datos sensibles de las personas particulares; vamos a cuidar ese equilibrio”, manifestó.
Admitió que muchos datos personales están en manos de particulares como los bancos, las tiendas departamentales e incluso las redes sociales y este es un gran reto que se debe afrontar en materia de protección de datos personales.