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La imposición de precios por parte del Gobierno desde hace seis meses, sin considerar los costos reales de distribución de este combustible ya puso en riesgo el abasto de este servicio y ha provocado la expansión de un mercado ilegal, con la incursión de grupos dedicados a la distribución clandestina de combustibles (huachigas), lo que incrementa los riesgos de seguridad y vulnera la legalidad del sector.
Así lo advierte la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) quien advierte que esta situación también ha reducido la cobertura de la distribución, afectando a comunidades que dependen del Gas L.P. como principal fuente de energía.
Eso sin contar que el retroceso en el acceso a energéticos modernos, lo que podría obligar a algunas comunidades a recurrir al uso de leña como alternativa, con consecuencias negativas para la salud y el medio ambiente.
El sector patronal del país acusó que el control de precios en el sector del gas ya provocó pérdida de empleos directos, con afectaciones para miles de familias que dependen de esta actividad.
Asimismo puso en riesgo en la seguridad operativa a mediano plazo, ya que la falta de viabilidad económica limita la capacidad de las empresas para renovar y mantener su infraestructura de distribución.
El organismo encabezado por Juan José Sierra, explicó que las s empresas, recorren más de 60 millones de kilómetros al mes para garantizar el abasto seguro y eficiente en todo el país, lo que implica elevados costos operativos.
Por ello cuestionó el control artificial de precios pues consideró que los ingresos actuales no son suficientes para cubrir algunos de los costos operativos, como nómina, combustible y mantenimiento.
El gas LP –agregó--es una de las principales fuentes de energía y se utiliza en el sector residencial, de servicios, industrial y en el transporte. Por ello, es un insumo esencial para millones de familias y empresas en México.
La Coparmex también señaló que la “Tarifa de Distribución”, que representa hasta el 50% del precio final del gas LP, genera impactos negativos.
El organismo estableció que la política energética del país debe garantizar eficiencia y sustentabilidad sin afectar la libre competencia ni poner en riesgo la continuidad del servicio.
“Es prioritario establecer condiciones que permitan a las empresas operar de manera rentable, cumpliendo con estándares de seguridad y calidad en beneficio de los consumidores”, aseveró
En este contexto, el dirigente empresarial manifestó la disposición del gremio para entablar un diálogo constructivo con las autoridades, a fin de encontrar soluciones que impulsen un mercado de energéticos moderno, equitativo y competitivo.