BúsquedaLos abogados del despacho Shadowen PLLC y de la organización Global Action on Gun Violence, Steve Shadowen y Jonathan Lowy, respectivamente, que representan a México en los dos litigios presentados contra fabricantes, distribuidores y vendedores de armas en Estados Unidos, se reunieron con el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, para informarle de los avances y definir los siguientes pasos a seguir en las demandas emprendidas en Boston, Massachusetts y Tucson, Arizona.
El pasado 4 de marzo se celebró una audiencia, sin precedentes, ante la Suprema Corte de Estados Unidos para exponer el caso en contra de empresas manufactureras y distribuidoras de la industria. Por otro lado, el litigio en Tucson, Arizona ha entrado a la etapa de recolección y producción de evidencia.
Durante el encuentro celebrado en la SRE, donde estuvieron acompañados por el consultor jurídico de la Cancillería, Pablo Arrocha, los abogados informaron a De la Fuente los avances procesales relevantes que han tenido ambos litigios, así como de la preparación de acciones futuras.
Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores les expresó el pleno respaldo del Gobierno para avanzar con los litigios estratégicos contra el tráfico de armas, reiterando la importancia que este esfuerzo reviste para el pueblo de México, quien es la principal víctima de este flagelo.
Aunado a ello, personal de la Consultoría Jurídica y del equipo jurídico que representa a nuestro país, sostuvieron diversas reuniones de trabajo con autoridades federales y locales para colaborar durante la etapa de recolección de evidencia, en la que México obtendrá información para probar la conducta negligente de las cinco tiendas demandadas.
Estas reuniones de trabajo responden a la prioridad que la presidenta Claudia Sheinbaum le ha otorgado a la estrategia para detener el flujo ilícito de armas hacia territorio nacional, a través de acciones legales.
El Gobierno de México seguirá fortaleciendo su estrategia integral en el combate al tráfico ilícito de armas, explorando todas las vías legales a su alcance en los planos nacional, regional y global, para reducir los flujos de estos productos que generan violencia en nuestro país.