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Un reciente estudio del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, adscrito a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reveló diversas irregularidades en el etiquetado de enjuagues bucales disponibles en el mercado mexicano. La investigación evaluó 46 productos y encontró que varias marcas hacen afirmaciones publicitarias inexactas o difíciles de comprobar, lo que podría inducir a error a los consumidores.
El análisis, publicado en la edición de marzo de la Revista del Consumidor, se realizó conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-137-SSA1-2008 sobre etiquetado de dispositivos médicos y la NOM-002-SCFI-2011 para productos preenvasados. Se verificó la veracidad de la información declarada, incluyendo el contenido neto, la cantidad de flúor, la denominación y la densidad de los productos, así como su actividad antimicrobiana cuando correspondía.
Entre los hallazgos más relevantes, se identificó que dos presentaciones de Green Doctor Fresh contenían menos mililitros de los declarados en su etiqueta, mientras que Bucarol, en sus cuatro presentaciones, no pudo comprobar que su producción sea nacional a pesar de ostentar el emblema “Hecho en México”.
Asimismo, marcas como Colgate Sensitive Pro-Alivio, Dental Max Whitening, Equate y Therabreath en dos denominaciones fueron señaladas por incluir afirmaciones publicitarias que Profeco consideró tendenciosas o difíciles de comprobar. Frases como “dientes más blancos en 5 días” o “las personas que utilizan Therabreath en su rutina de higiene oral diaria han recuperado su confianza” fueron catalogadas como imprecisas o exageradas.
Profeco advirtió que los enjuagues bucales no deben sustituir el cepillado ni el uso del hilo dental y recomendó utilizarlos bajo la supervisión de un profesional de la salud en caso de tratar alguna afección específica. Además, recomendó a la población leer detenidamente las etiquetas y leyendas precautorias antes de adquirir estos productos.
La dependencia señaló que continuará verificando los productos mediante los procedimientos correspondientes y que, de ser necesario, podría imponer medidas precautorias si se detecta algún riesgo para la salud, la seguridad o la economía de los consumidores.