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Fue cuestión de tiempo y finalmente se concretó la noche del 20 de marzo la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) como órgano autónomo, luego de que fueran publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las leyes secundarias que materializan su extinción y con lo que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno asume las funciones de transparencia a través del organismo denominado Transparencia del Pueblo, que nace para cumplir con estas tareas.
A partir de este 21 de marzo Transparencia del Pueblo asume las funciones que realizaba el Inai y para cumplir con la transición de las facultades del extinto órgano autónomo, se creó el Comité de Transferencia, ente contemplado en el decreto que expide las nuevas leyes en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.
De acuerdo con lo establecido por la ley, el Comité de Transparencia estará conformado por el comisionado presidente del Inai, Adrián Alcalá Méndez y las comisionadas Norma Julieta del Río Venegas, Josefina Román Vergara y Blanca Lilia Ibarra Cadena, además de 11 funcionarias y funcionarios del extinto instituto, cuya misión estará centrada en guiar la transmisión de las funciones que cumplía el Instituto nacional de transparencia.
Asimismo, el citado comité también tendrá facultades administrativas sobre el personal que laboró en el instituto.
El Comité de Transparencia trabajará por un periodo de 30 días naturales, en el que sus integrantes participarán con las diversas autoridades competentes para la trasición de asuntos, atribuciones y acciones previstas en las nuevas leyes.
ANTECEDENTE
La noche del jueves El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, mediante la que se expidieron tres nuevas leyes que establecen la transferencia de funciones, recursos materiales, financieros y humanos del Inai, a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como la creación del organismo identificado como Transparencia del Pueblo.
El proyecto establece la expedición de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El contenido de dichas leyes permite clasificar información si se trata de proyectos “cuya divulgación afecte los intereses del Estado”, también permite reservarla “cuando represente afectaciones a la paz social”, declara como confidencial “cualquier denuncia o procedimientos administrativos contra servidores públicos”, deja a decisión del Ejecutivo Federal la autoridad para nombrar a quien presida el órgano, mientras que los recursos quedarán a cargo de Transparencia del Pueblo, que dependerá del Gobierno Federal, con lo que pierde su calidad de órgano autónomo.