BúsquedaLos actuales jueces con que cuenta México deben su cargo a grupos de interés que los impulsaron, pero con la reforma al Poder Judicial de la Federación esos cargos se deberán al pueblo, a partir del 1 de junio, dijo la ministra Lenia Batres en el Centro Hidalguense de Estudios Superiores (CENHIES), ubicado en Pachuca, Hidalgo.
La jueza constitucional, que llegó al cargo a propuesta del expresidente Andrés Manuel López Obrador y votada en favor de la mayoría de senadores de Morena, PT y PVEM, aseguró que la elección por voto popular de las personas impartidoras de justicia permitirá terminar con las redes de influyentismo que aún hoy permean el Poder Judicial Federal (PJF).
Al impartir una conferencia magistral en el CENHIES, la togada explicó que es falso que la reforma judicial vaya a permitir que el PJF quede bajo el control del Poder Ejecutivo o de un partido político.
Y habló del caso de la SCJN, donde todas las ministras y ministros actuales fueron propuestos por el Presidente de la República y sometidos a la votación del Senado.
“Ahora, con la reforma judicial, la nueva integración del máximo tribunal no le deberá su puesto más que al pueblo que los eligió, que es a quien deben servir. Eso les da la mayor independencia, la que actualmente no tienen los jueces que se alinean con el grupo que los impulsó”, afirmó Batres Guadarrama.
La ministra habló ante alumnos del CENHIES, donde respondió a preguntas de los jóvenes.
A uno de esos cuestionamientos, sobre si la gente tiene capacidad para entender la elección judicial y su importancia, Lenia Batres señaló que la inteligencia del pueblo no puede ponerse en duda: “La gente sí tiene una noción de justicia, entre ella la concepción elemental de que justicia es, en principio, proteger al más débil.”
También reiteró que el nombre “Ministra del Pueblo” es una declaración de principios y un compromiso, y que por ello solicitó a la SCJN que recortara varios de los servicios para los ministros y ministras, que constituyen excesos que no se justifican, como son los dos vehículos blindados que se les asignan a cada uno de ellos.
“En diciembre propuse que se vendieran la mitad de estos vehículos y de ahí se obtendrían más de 20 millones de pesos, que sería un ahorro real, más que reducir la comida para los trabajadores de la SCJN”, señaló ante la rectora del CENHIES, Adelfa Zúñiga Fuentes, del magistrado de Circuito Benjamín Rubio Chávez, y del director general del Consejo de Administración de esta casa de estudios, Alejandro Chapey Ramírez.