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El sector empresarial del país acusó un alarmante crecimiento de la extorsión en el país desde llamadas, mensajes, cobro de piso e intimidación no solo del crimen organizado sino de funcionarios públicos lo que genera incertidumbre, pone en riesgo la economía, el tejido social y la seguridad.
Tan solo en 2023, el costo de la extorsión fue de casi 26 mil millones de pesos, con un gasto promedio de 6 mil 933 pesos por víctima, por lo cual exigió la creación urgente de una Ley General de Extorsión para coordinar autoridades, unificar modalidades y sanciones, y combatir eficazmente este delito.
A través de la Coparmex, el empresariado advirtió que la cifra negra es alarmante: según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 del INEGI, el 96.7% de los delitos de extorsión no se denuncian. El miedo a represalias de criminales y funcionarios deja a las víctimas indefensas.
Solo en enero de este año se registraron 923 víctimas de extorsión, un 13.3% más respecto al mes anterior y 3.8% más en comparación con enero de 2024, un promedio diario de 30 casos.
Asegura que en algunos estados se ha registrado un incremento de hasta el 50% en seis años, evidenciando la urgencia de atender este fenómeno.
DELITO CON ALTA CIFRA NEGRA
El organismo encabezado por Juan José Sierra advierte que los grupos criminales han diversificado sus métodos, afectando a empresas, pequeños negocios y la población en general, incluidos migrantes.
La extorsión—agrega—es un delito con diversas tipificaciones y alta cifra negra de denuncias.
Bajo la apariencia de “protección”, imponen pagos regulares, suplantando funciones estatales como la seguridad y la recaudación de impuestos e incluso sostiene que también hay servidores públicos que exigen sobornos para evitar sanciones.
Establece que el artículo 390 del Código Penal Federal define la extorsión como el acto de obligar a alguien, sin derecho, a realizar o tolerar algo para obtener lucro o causar perjuicio patrimonial. La pena actual va de 2 a 8 años de prisión.
Actualmente, existen más de 20 modalidades de extorsión, pero los Códigos Penales estatales reconocen menos de la cuarta parte, lo que requiere una legislación nacional que homologue el delito y sus penas, dijo
Sin embargo la Coparmex explica que uno de los principales obstáculos para combatir este delito es la falta de una tipificación uniforme en los códigos penales estatales pues en algunos de ellos, la extorsión se clasifica como “uso de confianza” o se revictimiza a las personas afectadas, debilitando las investigaciones.
Además, la ausencia de coordinación entre fiscalías estatales y la FGR impide respuestas efectivas.
Por ello llamó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a retomar el proceso legislativo y someter el dictamen aprobado al Pleno.
“ Es urgente una ley general que coordine responsabilidades entre las autoridades y fortalezca el trabajo de las Fiscalías a nivel nacional”, demandó