Búsqueda
En un intento por combatir el incremento desmedido de desaparición de personas en México, en los últimos 10 años, se han aprobado 76 leyes estatales relacionadas con ese problema incluyendo la ley general en materia de desaparición y se han creado 124 instituciones responsables en las entidades de la atención a las personas desaparecidas y sus familias.
Sin embargo, los avances en el aparato jurídico e institucional de cada estado no se ha traducido en una disminución de los casos de personas desaparecidas ni un aumento en la identificación o localización de las mismas, pues esta cifra sigue al alza y hasta enero de este año hay un registro oficial de más de 121 mil desaparecidos.
El 16 de mayo de 2022 llegamos a 100 mil personas desaparecidas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO) y al 27 de enero de 2025 la cifra llegó a 121 mil 651. El número de personas desaparecidas en México no deja de crecer.
Aunque cada estado cuenta con su propia comisión de búsqueda, se ha identificado que en algunas entidades, principalmente del sureste del país, las comisiones están compuestas por una o dos personas, según el reporte, “Las desapariciones en México siguen sin ser una prioridad”, elaborado por Red Lupa y el Instituto Mexicano de derecho Humanos y Democracia. (IMDHD)
Por ejemplo, la comisión de Campeche durante 2023 contaba con un personal de sólo cuatro servidores públicos.
En tanto que Durango, Sonora, Oaxaca y Yucatán carecen de una fiscalía especializada en desaparición de personas.
Asimismo estados Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Quintana Roo y Tamaulipas todavía no cuentan con una ley estatal en materia de desaparición, según este reporte.
El documento establece que las búsquedas individualizadas suelen realizarse sin contar con un plan de búsqueda previo ni un análisis de contexto, ya que no todas las comisiones cuentan con personal capacitado para estas tareas.
La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) promovió la creación del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) pero a la fecha dicho centro no existe.
Hace unos días, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció las fallas que existen para atender las desapariciones forzadas y aplazó la presentación de su plan y acciones para combatir la desaparición de personas en México.
Sheinbaum tenía previsto presentar este plan el pasado jueves 20 de marzo, pero la Consejería Jurídica de Presidencia no terminó dichas propuestas porque son demasiados puntos los que se deben replantear, por lo cual se espera que sea este lunes cuando las presente.
El reporte Red Lupa y el Instituto Mexicano de derecho Humanos y Democracia. (IMDHD) detalla que todas las entidades tienen comisiones locales de búsqueda, en 28 de 32 tienen fiscalías especializadas, la mitad tienen consejos ciudadanos de búsqueda, hay 10 panteones forenses y 7 centros de identificación humana.
En 25 entidades hay leyes en materia de desaparición, en todas hay leyes de víctimas y solo en 19 hay legislación en declaración especial de ausencia de personas desaparecidas.
Rol de la FGR
El documento establece que como resultado de la Ley general, la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con una Fiscalía Especializada en materia de desaparición e incluso es su responsabilidad la creación y operación del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF).
En mayo de 2024 se anunció que iniciaba sus funciones, pero hasta la fecha no se dispone de información pública del grado de avance del mismo y tampoco de los resultados que se hayan obtenido.
La FGR tampoco cuenta con el Programa Nacional de Exhumaciones e identificación forense.
Del discurso a la realidad
Los colectivos de derechos humanos recuerdan que el artículo 68 de la ley general establece que las Fiscalías o Procuradurías Locales deben contar con Fiscalías Especializadas para la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como contar con recursos humanos como personal ministerial, policial, peritos y de apoyo psicosocial, financieros, materiales y técnicos especializados y multidisciplinarios además de una unidad de análisis de contexto.
No obstante, esto solo ocurre en el papel, pues la realidad es otra donde existe una desigualdad en la distribución geográfica de las fiscalías especializadas, sobre todo en las del sureste del país, que son las más olvidadas en todos los sentidos y no se diga en materia presupuestal.
Mientras que en algunos Estados como Jalisco, Nuevo León y Veracruz se han consolidado estructuras más robustas, otros Estados, principalmente en el sur y sureste del país, aún carecen de fiscalías especializadas o no han logrado fortalecer las existentes.
“La falta de recursos y la escasez de personal capacitado son algunas de las razones por las cuales ciertos Estados no han avanzado en esta implementación”, establece.
“El tema de los presupuestos dedicados a estas áreas sigue siendo una barrera significativa para garantizar que las fiscalías puedan operar al máximo de su capacidad”, agrega.
Además, en muchos casos, aunque se haya creado la fiscalía especializada, estas unidades se enfrentan a desafíos relacionados con la falta de personal capacitado y de recursos suficientes.