Búsqueda
Con el objetivo de fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas, el Gobierno de México presentó este martes dos nuevas iniciativas legislativas que implican una transformación en el uso y los datos asociados a la Clave Única de Registro de Población (CURP), que pasaría a formar parte de una Plataforma Única de Identidad Nacional.
En conferencia de prensa, la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, explicó que la nueva plataforma integrará nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, género, nacionalidad, fotografía y huellas dactilares como parte del expediente de identidad de cada ciudadano.
“La Plataforma Única de Identidad es a partir de la CURP de todas y todos los mexicanos y personas extranjeras domiciliadas. Se transmitirán los datos asociados a todas las autoridades que en sus funciones registren, accedan o recaben información para tareas de búsqueda”, detalló Godoy.
Las iniciativas propuestas impactarían la Ley General de Población y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, con la finalidad de modernizar los mecanismos de localización e identificación de personas no localizadas.
Entre los cambios más relevantes también destaca la creación de un Sistema Nacional de Alerta que permitiría compartir en tiempo real los datos de personas desaparecidas entre distintas autoridades. Además, se plantea una obligatoriedad nacional para que la CURP sea reconocida como identificación oficial, tanto en formato físico como digital, por instituciones públicas y privadas.
“Todas las personas en México, desde su nacimiento, tendrán esta identidad, y toda autoridad o privado estará obligado a reconocer la CURP como identificación oficial”, agregó Godoy.
Nuevo registro de investigaciones
Una de las propuestas más esperadas por colectivos de búsqueda es la creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación, que permitirá centralizar la información de personas desaparecidas y facilitar la coordinación entre autoridades.
El nuevo sistema eliminaría el antiguo criterio que exigía esperar 72 horas para abrir una carpeta de investigación, permitiendo que las denuncias se atiendan de forma inmediata desde el primer momento en que se reporta una desaparición.
Presión social por Teuchitlán
Las reformas llegan tras el reciente hallazgo en Teuchitlán, Jalisco, de un rancho operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde el colectivo Guerreros Buscadores localizó a decenas de personas reclutadas por la fuerza.
Este caso volvió a evidenciar la gravedad de la crisis de desapariciones en México y la urgencia de contar con herramientas institucionales más eficaces.
Las propuestas forman parte del eje de seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha prometido combatir la impunidad y atender de manera prioritaria la crisis humanitaria de personas desaparecidas. Las reformas deberán ser discutidas y aprobadas por el Congreso para entrar en vigor.