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Sinaloa atraviesa una grave crisis de seguridad tras alcanzar en 2024 cifras récord de desapariciones. Solo entre septiembre y diciembre se registraron 911 casos de privación ilegal de la libertad, una cifra que triplica la suma acumulada de los últimos 16 años, según un informe presentado por el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).
Miguel Calderón Quevedo, coordinador del organismo, advirtió que este delito se ha disparado como consecuencia de las fracturas internas en el cártel dominante del estado, que lleva dos décadas en reconfiguración violenta.
“El fenómeno de las desapariciones ha tenido un repunte preocupante que requiere atención institucional inmediata”, afirmó.
Durante todo 2024, se presentaron mil 610 denuncias por desaparición, el 53% de ellas concentradas en Culiacán, epicentro del conflicto criminal en la entidad.
A la par del incremento en desapariciones, el homicidio doloso volvió a repuntar. De los 994 asesinatos cometidos en el año, 656 ocurrieron solo en el último cuatrimestre, una tendencia que refleja la intensificación de la violencia en el segundo semestre.
Otros delitos como el robo de vehículos, que habían mostrado una leve reducción desde 2020, también experimentaron un aumento, con un total de 3 mil 985 unidades robadas en 2024, lo que refleja un deterioro generalizado en las condiciones de seguridad.
Ante este panorama, el CESP presentó una serie de propuestas que buscan contener la crisis. La primera es elevar el presupuesto destinado a seguridad y justicia, dado que Sinaloa ocupa el último lugar nacional en inversión en estos rubros.
Calderón Quevedo propuso también aumentar la plantilla de policías municipales, estatales y personal de la Fiscalía, incluyendo agentes investigadores, ministerios públicos y peritos, a fin de hacer frente a la carga de trabajo y mejorar la capacidad de respuesta.
Además, recomendó replicar modelos exitosos como el Sistema Cosmos de Querétaro, referente en la implementación eficiente del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con el objetivo de reducir la impunidad.
Reingeniería carcelaria
Otra de las acciones clave sugeridas es una reingeniería profunda del sistema penitenciario, que incluye la construcción de dos nuevos centros penitenciarios —uno para hombres y otro para mujeres— para atender las actuales condiciones críticas. Las cárceles de Sinaloa enfrentan problemas como homicidios internos, contrabando de armas y evasiones.
Finalmente, el Consejo planteó diseñar políticas públicas de desmovilización y reinserción social para jóvenes que hoy forman parte de los grupos criminales, con programas que les permitan abandonar esas estructuras delictivas y reintegrarse a la vida comunitaria (con información de El Informador).