BúsquedaA casi 48 horas de que las y los diputados del PRI votaran a favor de no admitir la solicitud de proceso de desafuero contra el morenista Cuauhtémoc Blanco, ahora exigen que la Fiscalía General de Justicia Estatal de Morelos -que acusa al exgobernador de esa entidad de presunto abuso sexual- “de manera inmediata” realice las diligencias necesarias para la debida integración de la carpeta de investigación SC01/9583/2024, además de que se incluyan aquellas indagatorias que pudieran existir por daño al erario público o relacionada con el crimen organizado, o en su caso que la gobernadora Margarita Saravia explique la actual situación financiera de la entidad.
Las priistas justificaron su voto a favor del dictamen que impidió dar entrada a la petición de la fiscalía morelense para que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados iniciara el camino para despojar de la inmunidad penal de la que ahora goza al exfutbolista porque advirtieron “vicios legales, falta de objetividad y problemáticas que afectan los principios fundamentales del sistema penal acusatorio”.
Las legisladoras del tricolor pidieron a esa fiscalía que lleve a cabo los trámites legales que resulten procedentes para el ejercicio de la acción penal que corresponda, con la debida fundamentación y motivación, para garantizar de manera efectiva el pleno acceso a la justicia de la víctima.
A través de un comunicado, las diputadas que ayer renunciaron a dar conferencia de prensa para fijar esta postura, exigieron que también se les envíen todas las carpetas relacionadas con posibles desfalcos al erario público por parte de la administración de Cuauhtémoc Blanco en Morelos.
Puntualizaron en la necesidad de preservar el principio de legalidad que debe existir en cualquier procedimiento de naturaleza penal.
“De permitirse la existencia de vicios legales, éstos pueden dar paso a la impugnación y la impunidad”, dijeron.
Aseguraron que la bancada del PRI está a favor de las víctimas, y por eso se debe cuidar que los procedimientos legales se realicen conforme a derecho; solo así, indicaron, se logrará que las personas agresoras enfrenten la justicia.
“El principio del debido proceso es fundamental para garantizar el desarrollo de un proceso penal y que cualquier violación a los derechos humanos puede derivar en que se tenga que reponer la investigación”.