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Con el objetivo de controlar los movimientos de tráfico de drogas que cruzan desde México y los movimientos de cárteles que tienen centros de operación en la frontera común con Estados Unidos, el presidente Donald Trump ordenó a dos agencias de satélites espía seguir los pasos de grupos criminales que operan en la zona común entre ambas naciones.
Las encargadas de estas tareas son la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA, por sus siglas en inglés) y la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO), que dependen del Departamento de Defensa y a las que se encomendó supervisar los satélites espía y analizar las imágenes como todos los movimientos sospechosos o de operaciones de grupos criminales, mismas que deberán de informar al Pentágono y a otras organizaciones de inteligencia, destaca un reporte de la agencia Reuters.
La agencia refiere que los argumentos que presentó el gobierno de Donald Trump para echar mano de estados dos agencias es la declaratoria de emergencia nacional por la intromisión de grupos criminales en territorio estadunidense y la invasión de sustancias ilícitas.
La NGA refirió que tras la orden girada desde Washington se creó un grupo de trabajo para coordinar su “apoyo a la misión fronteriza de Estados Unidos”, mientras que la NRO apuntó que se coordina con la comunidad de inteligencia y el Pentágono “para asegurar las fronteras de Estados Unidos”.
Ambas agencias coincidieron en que su participación responde a las órdenes del presidente Trump para detener el tráfico de migrantes sin papeles, así como deportar a quienes se encuentran irregularmente en Estados Unidos, que se calcula que son hasta 14 millones de personas.
A pesar de que el gobierno estadunidense ha desplegado inteligencia artificial (IA) y vigilancia con drones en la frontera durante años, la última iniciativa busca expandir el uso de capacidades militares generalmente construidas para conflictos en el extranjero.
La administración Trump no descarta echar mano de la Inteligencia Artificial (IA) para identificar objetos o personas de interés mediante el escrutinio de imágenes de satélite y otras fuentes de datos, al igual que el Departamento de Defensa en el campo de batalla, dijeron dos fuentes cercanas a la iniciativa.
Aunque las leyes generalmente restringen a las agencias de espionaje estadounidenses la vigilancia de ciudadanos y otros residentes legales, permiten a las autoridades de migración llevar a cabo registros físicos “a una distancia razonable de cualquier frontera exterior de Estados Unidos”.
Las regulaciones estiman esta distancia en unos 185 kilómetros desde la frontera, un área que incluye ciudades como San Diego y El Paso.
“Si se atienen a la ley, estas agencias sólo deberían recoger al otro lado de la frontera, en territorio extranjero”, dijo Paul Rosenzweig, abogado especializado en seguridad nacional y derecho de la privacidad. “Pero cómo implementan eso, y si lo hacen, son preguntas legítimas de supervisión”.
Un portavoz de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, la principal unidad del gobierno para la integración de los esfuerzos de espionaje, señaló que todas las actividades de inteligencia son “legales y autorizadas” y se llevan a cabo “de una manera que protege las libertades civiles y la privacidad de las personas estadounidenses.”