BúsquedaEste domingo dio inicio la campaña para la primera elección en la historia de México en la que los ciudadanos elegirán a los integrantes del Poder Judicial. Se trata de un ejercicio sin precedentes a nivel mundial que se llevará a cabo el próximo 1 de junio, en el que miles de candidatos competirán por 881 cargos federales y 1,749 locales.
Esta reforma constitucional, promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la actual mandataria Claudia Sheinbaum, ha generado intensos debates en la esfera política y social. La iniciativa fue aprobada en medio de críticas de la oposición, así como de sectores económicos y jurídicos, quienes advierten sobre el impacto que esta medida podría tener en la independencia del Poder Judicial.
El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que el periodo de campañas se extenderá hasta el 28 de mayo. Durante este tiempo, los candidatos podrán promocionar sus propuestas, aunque bajo condiciones muy distintas a las de otros procesos electorales, ya que no recibirán financiamiento público ni contarán con espacios oficiales en medios de comunicación. Su principal vía de difusión serán las redes sociales, donde podrán hacer campaña sin la posibilidad de contratar publicidad. Además, podrán participar en foros de debate, pero sin realizar mítines masivos.
Para los cargos federales se registraron 3,422 candidatos, incluyendo los aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que será renovada completamente y reducirá su número de ministros de once a nueve. La mitad de los cargos federales y locales se definirán en estos comicios, mientras que la otra mitad será elegida en 2027.
Críticas y riesgos a la independencia judicial
México se convierte así en el segundo país de América Latina en implementar una elección popular para jueces, siguiendo el modelo de Bolivia, donde los magistrados de las altas cortes son elegidos por voto ciudadano. Sin embargo, diversas voces han expresado su preocupación sobre los posibles riesgos de esta reforma.
Los actuales integrantes de la Suprema Corte, el gobierno de Estados Unidos y una relatoría de la ONU han señalado que la elección popular de jueces podría abrir la puerta a la politización de la justicia y la intervención de grupos de poder, incluidos el crimen organizado y el narcotráfico. La posibilidad de que candidatos con intereses ajenos a la impartición de justicia lleguen a cargos clave ha sido uno de los principales argumentos en contra de esta medida.
Además, en los primeros días de la contienda han surgido denuncias sobre algunos aspirantes. Medios locales han reportado que al menos una decena de candidatos están relacionados con presuntos actos ilícitos o han sido señalados por casos de violencia de género.
Una elección con impacto a largo plazo
Más de 100 millones de mexicanos están llamados a votar en este proceso que definirá el rumbo del sistema judicial del país. La implementación de esta reforma cambiará la forma en que se elige a los jueces y magistrados, lo que podría modificar la relación entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en los próximos años.