Ante la negativa del pleno de la Cámara de Diputados de admitir la solicitud de desafuero contra el morenista Cuauhtémoc Blanco movilizó a ciudadanos que vía la organización digital change.org (/https://chng.it/s8tdX2LQ2c) piden a San Lázaro eliminar de la Constitución esta figuera que cubre a los legislasdores del inmunidad penal.
Aunque este martes se tenía previsto que se instalara una mesa afuera de salón de sesiones de la Cámara baja para la recolección de firmas que iba a ser encanbezada por el diputado, también de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar esto fue pospuesto de última hora, pero a través de redes sociales se convoca a la ciudadanía a participar en la petición.
Hace una semana, Ramírez Cuéllar presentó una iniciativa de reforma a la Constitución para quitar el fuero a todos los legisladores, así como a gobernadores.
El vicecoordinador de los diputados de Morena expone la sociedad clama por un cambio profundo en la manera en que sus representantes son tratados ante la justicia, demandando la eliminación de privilegios que perpetúan la desigualdad y erosionan la confianza en las instituciones democráticas. Refirió que, según los datos del Latinobarómetro de 2024, se señala que sólo el 32% de los mexicanos y mexicanas tienen confianza en el Congreso¹, esta desconfianza puede ocasionar apatía y descontento en la sociedad.
“La reelección consecutiva y el fuero generan un sistema de incentivos que ha llevado a buena parte de la clase política a una dinámica de corrupción y nepotismo, en la que personas con relaciones familiares o de amistad buscan perpetuarse en cargos de poder, cometen actos ilícitos y se protegen entre sí a través del tráfico de influencias en un interminable pacto de impunidad. El resultado de esto ha sido el hartazgo, una profunda indignación social y un rechazo creciente hacia la clase política. Esta situación desencadena una crisis de representación, lo cual ha llevado a que en México, 6 de cada 10 personas no se sientan representadas por el Congreso”.
Ante estas opiniones, el legislador advierte que el desafuero ha sido utilizado para evadir la justicia y garantizar impunidad a personas servidoras públicas que han incurrido en actos de corrupción, abuso de poder y otros delitos graves, lo que contraviene los principios de justicia y responsabilidad democrática ante la ciudadanía.