BúsquedaEl pleno de la Cámara de Diputados aprobó crear la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en un debate en que la oposición del PRI, PAN, incluso MC, acusaron que con este marco normativo se ahonda en la corrupción, la opacidad y el “amiguismo”.
El dictamen, que surge de una iniciativa del Ejecutivo Federal, avaló en lo general y en lo particular, con una reserva que también tuvo cambios, incluyó reformas a las leyes federales de Austeridad Republicana, de la Economía Social y Solidaria y la General de Sociedades Cooperativas.
Este dictamen básicamente se centra en establecer las reglas para las mejores condiciones de compras gubernamentales, incluyendo posibilidad de adquirir bienes usados o reconstruidos con la obligación de realizar estudios de costo-beneficio que sustenten la decisión, “lo cual permitirá ahorros hasta del 20 por ciento de este presupuesto”. Destaca que favorece y beneficia, mediante condiciones que sean adecuadas, a las micro, pequeñas y medianas empresas. Incluye a las comunidades indígenas y afromexicanas y refuerza la prevención, control y sanción a proveedores”. Sin embargo, las adquisiciones, arrendamientos y servicios que contraten las empresas públicas del Estado quedan excluidas de la aplicación de este ordenamiento.
En el documento se lee que las dependencias y entidades se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o cualquier tipo de contratos, que evadan lo previsto en este ordenamiento.
Con 329 votos a favor, 118 en contra y cero abstenciones, en lo particular, el documento fue remitió al Senado de la República para su análisis y aprobación.
En lo particular, se aceptó la reserva de la diputada morenista Claudia Rivera Vivanco sobre la nueve Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “para reforzar el dictamen”.
La propuesta aprobada de la legisladora ajusta la definición de “precio no conveniente, al entenderlo como aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en el procedimiento de contratación, y a éste se le resta el porcentaje que determine la Secretaría en el Reglamento de este nuevo marco jurídico”.
La diputada poblana Claudia Rivera Vivanco asentó que la modificación en el precio no conveniente es para evitar malas prácticas que deriven en simulación y corrupción, lo que permitirá el paso a la competitividad, pues en algunas ocasiones los licitantes se ponen de acuerdo para ofrecer precios muy bajos, a fin de quebrar a los demás competidores.
También se consintió sustituir “quince días naturales” por “quince días hábiles”.
Además, tratándose de contratos derivados de procedimientos consolidados, éstos deberán ser firmados a más a tardar a los veinte días hábiles siguientes a la notificación del fallo.
Se avaló eliminar el párrafo que decía: “Las contrataciones deberán realizarse a través de procedimientos de invitación a cuando menos tres personas”.
Explicó que respecto a la invitación “a cuando menos a tres personas para contratos y adjudicaciones directas y a personas físicas, lo cual no aplica para personas contratadas por honorarios, la modificación consistió en cambiar “días naturales” por “días hábiles”.
Aunque el diputado petista Jesús Fernando García Hernández enfatizó que la nueva Ley de Adquisiciones busca ordenar desde la ley las prácticas de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en materia de adquisiciones y arrendamientos en el sector público para que se aseguren las mejores condiciones en favor del pueblo y se cuiden los recursos públicos, el panista Federico Döring expuso que este ordenamiento se presta a todas las artimañas de la manipulación de las adjudicaciones. “No se va a convalidar para robar y adjudicar directamente después de que se declaren desiertas supuestamente por no ser convenientes las ofertas económicas”.
También la panista Margarita Zavala Gómez del Campo se dijo en contra de la reserva, y de todo el dictamen, porque se le da más discrecionalidad a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y amplía las excepciones a las licitaciones. “Esta ley ha legalizado la corrupción, protege al funcionario y deja en estado de indefensión al ciudadano”.
Pero la morenista Elena Edith Segura Trejo afirmó que se pretende una Ley de Adquisiciones eficaz, eficiente, transparente y que obligue a proveedores y funcionarios a conducirse con legalidad.
“En la nueva Plataforma Digital de Contrataciones Públicas se establecen las fechas de firmas de contratos”, no fue suficiente para convencer a la oposición del PRI, PAN y MC.
Éctor Jaime Ramírez Barba, del PAN, se pronunció en contra de la reserva porque “es un absurdo cambiar días naturales por días hábiles; falta un mecanismo de planeación y da permiso para que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno haga lo que quiera y cuando quiera”.
El dictamen tiene conceptos como sostenibilidad y responsabilidad con enfoque humanista, se refrenda que se crea una Plataforma Digital de Contrataciones Públicas y la Tienda Digital del Gobierno Federal. Establece el Comité de Obras y Compras Estratégicas el cual será un órgano colegiado para supervisar compras trascendentales y evitar en todo momento la discrecionalidad.