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El combate al tráfico ilegal de hidrocarburos continúa siendo una prioridad para el Gobierno Federal, que ha reforzado sus medidas en los últimos días. La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) ha reconocido los avances significativos logrados, destacando especialmente los operativos realizados en conjunto por diversas instituciones federales, como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.
Uno de los eventos más relevantes de esta lucha ha sido la incautación de hidrocarburos de procedencia ilícita, destacando los 8 millones de litros almacenados ilegalmente en Ensenada, Baja California, además de la retención de un buque con más de 10 millones de litros de diésel ingresado ilegalmente en Altamira, Tamaulipas. Estos operativos reflejan la efectividad de la estrategia del gobierno, que debe ser reforzada para garantizar un control más efectivo sobre el tráfico de hidrocarburos en todo el país.
El tráfico ilegal de combustibles no solo representa un grave daño económico, sino que también pone en riesgo la seguridad pública y el medio ambiente. Además de afectar los ingresos fiscales del país, distorsiona la competencia y crea un mercado paralelo de combustibles sin control de calidad, lo que representa un riesgo para los consumidores. Esta venta ilegal de productos no solo afecta a los actores legítimos del mercado, sino que también vulnera la seguridad de quienes compran productos sin la certeza de su origen o de que cumplen con los estándares de calidad requeridos.
COPARMEX subraya que la lucha contra este flagelo debe ser sostenida y estar acompañada de medidas regulatorias y fiscales eficaces. Entre las propuestas de la organización destaca la modificación en el punto de recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de combustibles. Según la propuesta, este impuesto debería trasladarse del punto de importación al de venta final, lo cual permitiría frenar el contrabando técnico de hidrocarburos, desalentando las importaciones fraudulentas bajo fracciones arancelarias incorrectas.
La participación activa del sector privado es fundamental en este esfuerzo, ya que este sector tiene un papel crucial en la elaboración de estrategias públicas para erradicar el comercio ilícito de hidrocarburos. La colaboración público-privada es esencial para garantizar que las políticas implementadas sean efectivas y conduzcan a la erradicación de estas prácticas ilegales.