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Recientemente, las iniciativas de reforma a la Ley General de Población y la Ley General en materia de Desaparición Forzada, presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, han desatado una creciente preocupación en torno a la protección de la privacidad y la seguridad de las personas. Desde R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, se alertó sobre los graves riesgos que estas reformas implican, especialmente en cuanto a la integración de datos biométricos, como las huellas dactilares y el reconocimiento facial, a la Clave Única de Registro de Población (CURP).
El propósito de estas reformas es la creación de un registro biométrico masivo y centralizado, que podría incluir datos tanto de ciudadanos como de personas visitantes en el país. R3D subraya que este sistema plantea graves riesgos para la privacidad y la seguridad, ya que se trata de una base de datos obligatoria que podría ser vulnerada mediante ataques informáticos, con consecuencias irreparables debido a la naturaleza única e insustituible de los datos biométricos.
Uno de los aspectos más alarmantes es la intención de que la CURP se convierta en la única fuente de identidad en México, por encima de otras identificaciones oficiales, como la credencial para votar o el pasaporte. Esto abriría la puerta a que cualquier trámite público o privado, e incluso servicios comerciales, exijan la autenticación biométrica mediante la CURP, creando una base de datos masiva que podría facilitar una vigilancia estatal intrusiva y con un fuerte potencial autoritario.
Además, R3D destaca que, aunque las reformas mencionan la necesidad de obtener “autorización” y “consentimiento” para el uso de los datos biométricos, esta medida resulta insostenible. Dado que la CURP sería el único documento de identidad válido para la realización de trámites, la coerción a la que se verían sometidas las personas para aceptar el tratamiento de sus datos violenta el principio de consentimiento libre.
Otro punto crítico planteado por las reformas es la creación de la Plataforma Única de Identidad, que se asociaría al Registro Nacional de Población (RENAPO). Esta plataforma permitiría la consulta y monitoreo en tiempo real de las actividades vinculadas a la CURP, lo que incluye el acceso a una vasta cantidad de datos, tanto públicos como privados, de individuos. Esto pone en riesgo derechos fundamentales, ya que no solo se podrían vincular actividades personales de manera indiscriminada, sino que también facilitaría el acceso sin restricciones a la información por parte de autoridades de seguridad y de inteligencia, sin necesidad de orden judicial.
A pesar de que las iniciativas afirman que su objetivo principal es la búsqueda de personas desaparecidas, el riesgo de que esta base de datos masiva sea utilizada para fines de vigilancia o control político es palpable. En países donde sistemas similares han sido implementados, como en India, el condicionamiento de acceso a servicios esenciales como salud y educación a la autenticación biométrica ha resultado en la exclusión de grupos vulnerables, como migrantes o personas con discapacidad, cuyas características físicas pueden cambiar con el tiempo y dificultar su identificación.
R3D hace un llamado a una discusión abierta y fundamentada sobre estas reformas. Insisten en que no se debe apresurar su aprobación sin llevar a cabo los estudios de impacto necesarios sobre privacidad, y que es fundamental considerar a las víctimas de la violencia y las desapariciones forzadas antes de tomar decisiones que podrían acentuar las tensiones sociales y vulnerar aún más los derechos humanos en México.