México enfrenta una de las crisis humanitarias más graves de su historia reciente, con 121,582 personas desaparecidas y no localizadas registradas hasta enero de 2025, y más de 72,000 cuerpos sin identificar acumulados desde 2006.

Esta realidad impacta profundamente a las familias de las víctimas y evidencia fallas estructurales en las instituciones encargadas de la búsqueda, identificación y atención a víctimas, según un análisis de la Red Lupa que agrupa a organizaciones defensoras de derechos humanos.

Detalla que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) reporta que hasta 2023 únicamente 814 víctimas de desaparición estaban registradas en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI). Esta cifra es preocupantemente baja si se compara con el total oficial de personas desaparecidas y no localizadas, que asciende a 121,582 hasta enero de 2025.

Los colectivos de búsqueda denuncia una serie de fallas estructurales en la aplicación de la ley que no solo impiden que haya justicia sino que les obstaculiza sobremanera su acceso a ello.

Falta de abogados victimales capacitados, procesos fragmentados entre entidades y ausencia de recursos institucionales pero sobre todo la ausencia de coordinación entre fiscalías estatales, son los principales problemas que sufren los colectivos de madres buscadoras de familiares desaparecidos.

Muchas madres y familiares deben viajar constantemente para presionar avances en sus carpetas, esa como otras más fueron uno de las quejas que hizo el colectivo “Madres en Resistencia” del Estado de Chiapas, mujeres que recorren el país en busca de sus hijas e hijos desaparecidos en una reunión con la oposición en el Senado.

Las activistas se reunieron con senadores de oposición este fin de semana donde se abordaron las múltiples dificultades que enfrentan las colectivas y familiares de personas desaparecidas en sus procesos de búsqueda, como la falta de personal especializado, deficiencias presupuestales, y la falta de coordinación entre fiscalías estatales.

La senadora del PRI, Claudia Anaya destacó que la legislación en materia de desaparición debe enfocarse también en la prevención y no solo en la identificación de personas ya fallecidas.

Recalcó que para atender este flagelo, es necesaria la capacitación, la suficiencia de personal y presupuestal para atender de manera integral la búsqueda de las personas.

Y es que a pesar de contar con marcos legales avanzados, las instituciones responsables como la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Fiscalía General de la República (FGR) aún enfrentan grandes retos en la coordinación, implementación de protocolos y garantía de derechos.

Datos Claves

La Magnitud de la Crisis de Desaparición en México es de más de 94,000 cuerpos recibidos en 2023 mientras el rezago en identificación sigue en aumento.

De acuerdo al análisis de Red Lupa, solo el 3% del presupuesto de las fiscalías se destinó a servicios forenses en 2018.

En los últimos años, 21 buscadoras han sido asesinadas, reflejando el riesgo constante que enfrentan quienes buscan justicia.

Esos sin contar el reciente asesinato de Teresa González Murillo, una madre buscadora quien el pasado 27 de marzo, sufrió un intento de secuestro en su domicilio, donde un grupo de hombres armados pretendieran privarla de su libertad y en el forcejeo, la buscadora recibió un impacto de bala que la hirió de gravedad y seis días después perdió la vida.

Las organizaciones y colectivos que integran la Red Lupa demandaron al Estado Mexicano la imperiosa necesidad de reconocer la magnitud de la crisis de desapariciones en el país y garantice la correcta implementación de los marcos legales destinados a su atención.