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El Comité sobre las Desapariciones Forzadas emitió este miércoles una nota aclaratoria en la que defiende con firmeza su reciente decisión de poner el foco sobre México en la máxima instancia de Naciones Unidas. La medida, tomada en virtud del artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, marca la primera vez que el órgano activa este mecanismo, elevando de forma sin precedentes la denuncia contra un Estado parte.
Según la nota, las decisiones de remitir una situación nacional a la Asamblea General se toman “siempre con extremo cuidado y con gran sentido de responsabilidad”.
Así, el Comité insiste en su compromiso de mantener la “cooperación y los intercambios constructivos con México”, a pesar de las fuertes reacciones del Gobierno mexicano ante esta iniciativa.
La polémica se desató tras la declaración del 4 de abril, en la que el grupo de expertos informó sobre su intención de llevar el caso mexicano a la cúpula de la ONU, basándose en denuncias creíbles, informes —incluido el del propio Estado parte— y otras pruebas que sugieren que las desapariciones forzadas se están cometiendo de forma generalizada o sistemática. Sin embargo, la decisión ha encendido la mecha en el entorno político del país.
Una constelación de denuncias
La presidenta Claudia Sheinbaum y otras autoridades mexicanas han respondido con críticas contundentes, tildando al Comité de “tener mucho desconocimiento” sobre la compleja realidad nacional.
En respuesta, el órgano internacional subraya que el artículo 34 no reviste carácter vinculante, pero permite visibilizar ante la Asamblea General prácticas que atentan contra la dignidad y los derechos humanos, independientemente de si son perpetradas por el Estado, grupos paramilitares o la delincuencia organizada.
El Comité dejó claro que, a pesar de las protestas, la decisión fue adoptada por consenso y fundamentada en una constelación de denuncias e informes que no pueden ser ignorados.
En un paso más, se anticipa que solicitará información adicional al Estado mexicano sobre las denuncias presentadas, sin que ello determine por adelantado los pasos subsiguientes del procedimiento.
En este contexto, la polémica continúa, con un gobierno que rehúsa reconocer el alcance estatal de las desapariciones forzadas, al atribuir la problemática exclusivamente a la acción de la delincuencia organizada.